Por Jorge Turpo R.

La Contraloría detectó irregularidades en contratos de vigilancia que habrían ocasionado un perjuicio de S/ 243 mil a AUTODEMA. El informe involucra a por lo menos 15 funcionarios y recomienda que la Procuraduría Anticorrupción inicie acciones penales.

FAVORECIERON A EMPRESA PRIVADA

Un contrato para vigilar terrenos donde algún día se construirá la represa de Angostura, pieza clave del proyecto Majes-Siguas II, terminó bajo sospecha. La Contraloría General de la República detectó presuntas irregularidades en las contrataciones del servicio de vigilancia de los terrenos de la Autoridad Autónoma de Majes (AUTODEMA), ubicados en las Pampas de Siguas y el anexo de Pusa Pusa, que habrían ocasionado un perjuicio económico superior a los 243 mil soles a la entidad.

El informe de auditoría identifica un presunto direccionamiento en los procesos de selección para favorecer a la empresa Ilave Construcción y Consultoría SAC, a la que AUTODEMA encargó la custodia de estos predios.

Según el órgano de control, los funcionarios responsables declararon desierto un proceso de contratación en 2023, pese a que existía un postor que cumplía las condiciones y debió resultar ganador.

Posteriormente, eliminaron el requisito que había servido para descalificarlo y modificaron las condiciones de una nueva convocatoria.

La auditoría advierte que, en lugar de adjudicar el servicio mediante un procedimiento regular, se recurrió a contratos complementarios y órdenes de servicio para garantizar su continuidad.

Las irregularidades también alcanzaron el proceso de selección del 2024, en el que se permitió a la empresa adjudicataria subsanar requisitos que, de acuerdo con las normas de contratación pública, tenían carácter insubsanable.

Pero las anomalías no terminaron con la adjudicación. Durante la ejecución de los contratos, AUTODEMA omitió aplicar penalidades por incumplimientos de la empresa de vigilancia o las calculó por montos inferiores a los que correspondían.

Esta conducta ocasionó un perjuicio económico de 118 mil soles, según la primera observación del informe.

La Contraloría identificó una segunda observación relacionada también con el incumplimiento de las obligaciones contractuales.

La omisión del cobro de penalidades y su aplicación por montos menores a los establecidos generaron un perjuicio adicional de 125 mil soles. En conjunto, las dos observaciones representan un daño económico de 243 mil soles para AUTODEMA.

El órgano de control ha identificado a quince funcionarios y servidores comprendidos en los hechos materia de auditoría, cuyas responsabilidades deberán ser determinadas por las instancias competentes.

Entre los involucrados figura Ronald Tohalino Manrique, quien presidió el comité de adjudicación durante el proceso en el que se habrían producido las irregularidades.

También aparece Duberly Otazu García, quien se desempeñaba como gerente ejecutivo de AUTODEMA cuando ocurrieron los hechos observados.

La Contraloría recomendó a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción iniciar acciones penales contra los funcionarios y servidores comprendidos en la primera observación.

Asimismo, solicitó a la Procuraduría Pública de la Contraloría iniciar las acciones civiles correspondientes por los hechos relacionados con la segunda observación.

El informe también dispone que AUTODEMA realice el deslinde de responsabilidades administrativas y que el órgano instructor procese a los funcionarios involucrados, de acuerdo con sus competencias.

Es decir, las conclusiones del organismo de control deberán dar paso a las investigaciones correspondientes para establecer quiénes tienen responsabilidad en las presuntas irregularidades.

MILLONES PARA CUIDAR

El caso adquiere mayor relevancia por el contexto en el que se producen estos gastos.

AUTODEMA tiene bajo su responsabilidad la custodia de los terrenos de Pusa Pusa, en la provincia de Caylloma, donde se proyecta construir la represa de Angostura.

Para liberar el área destinada al futuro embalse, la entidad desarrolló un proceso de adquisición y reubicación de los terrenos de los pobladores del antiguo pueblo de Pusa Pusa.

Actualmente, esa zona se encuentra deshabitada y requiere vigilancia para evitar invasiones u ocupaciones informales. Para cumplir esa tarea, AUTODEMA contrató servicios privados de seguridad, destinando más de 3 millones 679 mil soles en los últimos tres años.

El contraste resulta difícil de ignorar. Mientras Majes-Siguas II continúa paralizado y sin una perspectiva clara de ejecución, el Estado sigue destinando millones de soles a custodiar los terrenos donde debería levantarse una de sus obras más importantes.

A las irregularidades en las contrataciones se suma otra advertencia del órgano de control sobre el manejo de la documentación institucional. Por ello, recomendó a AUTODEMA reforzar los mecanismos de almacenamiento y custodia de sus archivos, aplicar obligatoriamente las disposiciones del Sistema de Gestión Documental del Gobierno Regional de Arequipa y aprobar directivas específicas que garanticen la conservación del acervo documental.

La vigilancia de unos terrenos destinados a una represa que todavía no se construye terminó convirtiéndose así en otro problema para AUTODEMA. Esta vez, no por una invasión o un conflicto por la propiedad, sino por presuntas irregularidades en el manejo de los recursos públicos que deberán ser investigadas por las autoridades competentes.