A dos meses de iniciado el nuevo Gobierno, la violencia criminal continúa golpeando Lima y Callao con ataques cada vez más violentos. El asesinato de Jonathan Márquez Huamaní, de 42 años, acribillado dentro de su camioneta con más de 20 disparos, vuelve a colocar la inseguridad ciudadana en el centro de la preocupación pública.

NUEVO ATAQUE

El crimen ocurrió alrededor de las 14:00 horas en la cuadra seis del jirón Guise, cerca de Mar Brava, en el Callao. Según las primeras investigaciones, la víctima permanecía dentro de una Mazda CX-5 cuando un automóvil se detuvo cerca. Dos sujetos descendieron y dispararon desde ambos lados de la unidad antes de escapar.

La camioneta quedó con impactos en las lunas, la carrocería y la parte delantera. Los peritos de Criminalística encontraron 21 casquillos de bala en la escena.

Márquez Huamaní fue auxiliado por vecinos y trasladado al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, pero murió durante el trayecto debido a la gravedad de sus heridas.

SEGURIDAD SIGUE SIN RESULTADOS VISIBLES

El asesinato ocurre cuando el Gobierno ha colocado la seguridad ciudadana entre sus principales prioridades. La presidenta Keiko Fujimori asumió el cargo el 28 de julio y anunció un combate frontal contra la criminalidad y el fortalecimiento de la Policía Nacional.

Sin embargo, a dos meses del inicio de la gestión, hechos como este muestran la dimensión del desafío que enfrenta el Ejecutivo. El propio presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, ha señalado que el Gobierno viene ejecutando medidas para fortalecer la seguridad y que busca acelerar su respuesta mediante facultades legislativas.

En Lima y Callao, además, ya se han aplicado estados de emergencia para enfrentar la criminalidad, con participación de la Policía y apoyo de las Fuerzas Armadas.

INVESTIGAN A LOS SICARIOS

La Policía y el Ministerio Público investigan el móvil del homicidio y buscan identificar a los responsables. Los agentes revisarán cámaras ubicadas en calles, negocios y viviendas cercanas para reconstruir la ruta utilizada por los atacantes.

Las autoridades también deberán determinar si Márquez Huamaní había recibido amenazas y si el asesinato está relacionado con alguna actividad criminal.

El caso se suma a otros ataques registrados recientemente en el Callao y vuelve a poner a prueba la capacidad del Estado para prevenir los asesinatos y enfrentar a las organizaciones criminales que operan en la capital y su zona portuaria.