Un ciudadano presentó una denuncia penal ante la Fiscalía de la Nación contra la presidenta Keiko Fujimori y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, por presunta omisión de funciones relacionada con la permanencia de María Caruajulca como procuradora general del Estado.

La denuncia también alcanza a los exmandatarios Dina Boluarte, José Jerí y José María Balcázar, además de quienes fueron ministros de Justicia durante sus respectivas gestiones.

Según el documento presentado ante el Ministerio Público, los denunciados habrían omitido declarar la vacancia de Caruajulca pese a que, al momento de su reposición en el cargo, enfrentaba un proceso judicial que, según el denunciante, podía constituir un impedimento para ejercer como procuradora general.

El escrito cita el artículo 15 del Decreto Legislativo que regula la Procuraduría General del Estado, el cual establece entre los requisitos para ocupar el cargo no tener procesos pendientes con el Estado, salvo aquellos relacionados con derechos propios.

Caruajulca fue repuesta en la Procuraduría General del Estado por una decisión judicial en 2023, luego de haber sido retirada del cargo. La denuncia sostiene que para entonces enfrentaba un proceso penal relacionado con su anterior gestión como procuradora de la Municipalidad de Comas.

El caso estuvo vinculado con la demora en la entrega de información sobre carpetas fiscales, pese a requerimientos del Tribunal de Transparencia.

En enero de 2026, Caruajulca recibió una sentencia con reserva de fallo y reglas de conducta. Sin embargo, en mayo, una Sala de Apelaciones la absolvió de los cargos penales y consideró que existió un retardo injustificado que correspondía al ámbito administrativo.

El denunciante sostiene que la situación debía ser evaluada antes de mantenerla en el cargo y solicita que la Fiscalía determine si existió responsabilidad penal de las autoridades involucradas.

El documento pide recabar copias certificadas del expediente judicial y del informe elaborado por el fiscal supremo Juan Carlos Villena, además de recibir las declaraciones de Fujimori, Álvarez y los exmandatarios mencionados.

Corresponderá al fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, determinar si la denuncia cumple los requisitos para dar inicio a las diligencias correspondientes.