Un presupuesto aprobado no constituye un logro por sí mismo. La verdadera medida de la gestión es convertirlo en atención oportuna, mejores servicios y resultados comprobables. Si los recursos permanecen inmovilizados mientras las necesidades continúan, la pregunta ya no es cuánto dinero tiene el Gobierno Regional, sino por qué no consigue cumplir con su propósito.

El Gobierno Regional de Arequipa mantiene S/ 225,7 millones pendientes de devengar en siete dependencias cuando el año fiscal entra en su recta final. Salud y Educación concentran necesidades que no pueden seguir esperando mientras la burocracia o la falta de gestión impiden convertir recursos en resultados.

La incapacidad de una gestión pública no solo se evidencia en las obras paralizadas, los servicios deficientes o las promesas incumplidas. También se mide en el dinero que tiene disponible y no consigue utilizar oportunamente. En Arequipa, el Gobierno Regional acumula una señal de alarma que exige explicaciones: siete unidades ejecutoras mantenían S/ 225 millones 790 mil 950 pendientes de devengar al 18 de octubre. Faltan pocas semanas para cerrar el año fiscal y todavía hay recursos que no se traducen en obligaciones presupuestales reconocidas.

El problema no es una simple estadística contable. Detrás de cada partida existen necesidades que justificaron la asignación del dinero público. Por eso resulta especialmente preocupante que la Red de Salud Arequipa-Caylloma tenga S/ 89,4 millones pendientes, mientras la Gerencia Regional de Salud mantiene otros S/ 32 millones y Educación cerca de S/ 29,2 millones. ¿Qué explicación pueden ofrecer los responsables de estas dependencias cuando los recursos destinados a sostener servicios esenciales siguen sin ejecutarse?

No corresponde afirmar, sin una evaluación detallada, que cada sol pendiente representa un servicio desatendido. Pero tampoco es aceptable utilizar esa precisión como excusa para eludir responsabilidades. Los porcentajes revelan retrasos que deben explicarse con documentos, cronogramas y resultados verificables. Si existen dificultades en contrataciones, adquisiciones o procedimientos administrativos, la obligación de los funcionarios es identificarlas y resolverlas antes de que el calendario los alcance.

Autodema registra un avance presupuestal de 65,5 %; el IREN Sur, de 66,5 %; y la Gerencia Regional de Trabajo, de 65,8 %. No son cifras que permitan declarar un fracaso definitivo, pero sí cuestionan la capacidad de planificación de dependencias que debieron anticipar sus necesidades y organizar sus gastos con suficiente oportunidad.

La reacción habitual ante estas alertas suele ser prometer una aceleración en noviembre y diciembre. Sin embargo, gastar a última hora no equivale a gestionar bien. La ejecución apresurada puede sacrificar controles, mientras que el dinero comprometido sin resultados concretos tampoco resuelve las necesidades ciudadanas. Lo que corresponde es explicar qué se hará, cuánto se podrá ejecutar y qué metas se cumplirán antes del cierre fiscal.

El gobernador regional y los responsables de cada unidad ejecutora no pueden limitarse a observar los reportes. Deben asumir responsabilidades, establecer plazos públicos y rendir cuentas. La ciudadanía tiene derecho a conocer las causas de estos retrasos y las consecuencias sobre los servicios.