PJ mantiene prisión preventiva

contra por presunta organización criminal

El Poder Judicial resolvió mantener vigente la prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo, investigado por presuntos delitos de organización criminal agravada, colusión simple y tráfico de influencias agravado, en perjuicio del Estado.

La decisión fue adoptada por el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, quien declaró infundada la revisión de oficio de la medida coercitiva dictada en el marco de la investigación preparatoria que comprende los casos Petroperú, Puente Tarata y el Ministerio de Vivienda.

Mediante una resolución emitida el 16 de octubre, el magistrado determinó que continúan vigentes los presupuestos que justificaron la prisión preventiva y su posterior prolongación por 12 meses adicionales. Según el fallo, mantener la medida resulta jurídicamente viable y proporcional para garantizar la continuidad del proceso y la eficacia de una eventual decisión judicial.

Checkley sostuvo que, durante las investigaciones, la Fiscalía obtuvo nuevos elementos que reforzarían la sospecha inicial contra el exmandatario. Entre ellos figuran pericias que, según la resolución, permitirían advertir una estructura con distintos niveles de intervención y diversos escenarios vinculados con los hechos investigados.

El 27 de febrero, el juez supremo provisional Edhin Campos Barranzuela dispuso ampliar por otros 12 meses la prisión preventiva que se impuso a Castillo en marzo de 2023. La decisión fue confirmada el 1 de junio por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema.

Castillo gobernó el Perú entre julio de 2021 y diciembre de 2022. El 7 de diciembre de ese último año anunció la disolución del Congreso y otras medidas que desencadenaron una crisis política, tras la cual fue detenido.

Posteriormente, el 4 de diciembre de 2025, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema lo condenó a 11 años, cinco meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para rebelión, relacionado con su intento de quebrar el orden constitucional.

La nueva resolución corresponde a una investigación distinta de la condena por conspiración para rebelión y mantiene la medida cautelar mientras continúa el proceso por los presuntos delitos atribuidos en los casos acumulados.