Por: Álvaro Cubas Cunyas, economista del Consejo Privado de Competitividad

Arequipa continúa creciendo a un ritmo acelerado. Según los Censos Nacionales 2025 del INEI, la región alcanzó 1 millón 815 mil habitantes, 354 mil más que en 2017, con un crecimiento promedio anual de 2,8%. Sin embargo, este dinamismo poblacional también implica una mayor demanda de infraestructura y servicios públicos. Actualmente, solo el 77% de las viviendas cuenta con alcantarillado por red pública dentro de la vivienda, apenas el 1% de las postas de salud se encuentra en buen estado, solo el 35% de los locales educativos públicos tiene todas sus aulas en buenas condiciones y menos del 30% de la red vial de Arequipa está pavimentada. ¿Está avanzando la infraestructura al ritmo que necesita una región en expansión?

El desafío no debe confundirse con un rezago generalizado frente al resto del país. Arequipa supera el promedio nacional en estos indicadores. No obstante, su evolución durante los últimos años revela un preocupante estancamiento. Entre 2021 y 2025, el acceso a alcantarillado se mantuvo alrededor del 77%, la proporción de postas en buen estado permaneció en apenas 1% y el porcentaje de vías pavimentadas aumentó marginalmente de 27% a 28%. Más preocupante aún, el porcentaje de locales educativos con todas sus aulas en buenas condiciones disminuyó de 43% a 35%. Todo ello, pese a que entre 2021 y 2025 se ejecutaron cerca de S/ 3 800 millones en inversiones vinculadas a cuatro brechas básicas de infraestructura.

El problema es que ejecutar recursos no necesariamente significa mejorar servicios. Una muestra de ello es la reciente desactivación de más de 111 mil inversiones públicas a nivel nacional, que habían acumulado alrededor de S/ 47 mil millones de ejecución. En Arequipa, cerca de 3 800 inversiones desactivadas habían ejecutado aproximadamente S/ 1 900 millones. Aunque no todo este gasto representa necesariamente recursos perdidos, sí evidencia las dificultades del Estado para garantizar que las inversiones iniciadas continúen hasta convertirse en infraestructura y servicios para la población.

A ello se suma la situación de las inversiones que permanecen activas pese a llevar años sin registrar avances. A setiembre de 2026, el CPC identificó cerca de 19 mil inversiones en condición de abandono a nivel nacional, con un promedio de 40 meses sin ejecución financiera. De ellas, 816 corresponden a Arequipa y acumulan S/ 770 millones en recursos ejecutados. Si no se adoptan medidas para evaluar su viabilidad y garantizar su continuidad, estas inversiones podrían terminar engrosando la lista de proyectos desactivados, sin haber atendido las necesidades que justificaron su creación.

Entre los casos con mayor tiempo sin ejecución destaca el mejoramiento del canal principal de riego de Zamácola y Alto Cural, en Cerro Colorado, con un costo de S/ 5,2 millones, que no registra gasto desde setiembre de 2014, hace más de doce años. El problema también alcanza a inversiones de mayor envergadura, como la creación de los servicios de inicial, primaria y secundaria de la Gran Unidad Escolar Majes, en Caylloma, cuyo costo supera los S/ 160 millones. Este proyecto registró ejecución en 2023 y, luego de un prolongado periodo sin gasto, volvió a ejecutar recursos en marzo de 2025, sin registrar nuevos desembolsos desde entonces. Ambos casos evidencian las dificultades para dar continuidad a inversiones que deberían contribuir a cerrar las brechas de infraestructura de la región.

Frente a este escenario, la prioridad debe garantizar que los proyectos existentes culminen y presten servicios. Para ello, es necesario establecer criterios objetivos para la asignación de recursos durante el año fiscal, priorizando inversiones de mayor impacto y contribución al cierre de brechas. Esta priorización debe considerar el grado de avance de los proyectos, su relevancia para atender las necesidades de la población y su capacidad para continuar y culminar oportunamente.

Arequipa seguirá creciendo y, con ello, también las necesidades de su población. El desafío no consiste únicamente en ejecutar más presupuesto, sino en lograr que cada sol invertido se traduzca en infraestructura que funcione y servicios que efectivamente lleguen a las personas. Porque el éxito de la inversión pública no debería medirse solo por cuánto se gasta, sino por cuánto mejora la calidad de vida de los ciudadanos.