Por Carlos Meneses

El país no necesita más pedidos de paciencia, sino explicaciones y resultados. El Gobierno debe precisar qué hará, cuándo y con qué recursos. La seguridad no puede depender de promesas futuras: es una obligación inmediata del Estado.

Pedir paciencia a una población que vive entre asesinatos, extorsiones y amenazas es una respuesta que difícilmente puede aceptarse cuando la inseguridad continúa cobrando vidas y las medidas anunciadas todavía no muestran resultados concretos. El ministro del Interior, César Astudillo Salcedo, estuvo en Arequipa y prometió nuevas estrategias, tecnología y una reforma policial. Sin embargo, no explicó qué cambiará, cuándo se aplicarán las medidas ni cómo se evaluará su efectividad.

Las cifras revelan la dimensión del problema. Según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF), durante 2026 se registraron 1 713 muertes violentas relacionadas con homicidios en el país. A ello se suman los atentados contra el transporte público en Lima Metropolitana y el Callao: entre enero y mayo, el Observatorio de Criminalidad de la Fiscalía contabilizó 126 ataques que dejaron 152 fallecidos y 131 heridos. Detrás de cada número hay familias destruidas y ciudadanos que viven con temor.

Ante esta realidad, el ministro aseguró que la seguridad se sentirá más adelante y atribuyó parte de la demora a la implementación de tecnología autorizada mediante un decreto de urgencia. Pero la ciudadanía no puede quedar a la espera indefinida de equipos, sistemas y procedimientos administrativos mientras las organizaciones criminales mantienen su capacidad de amenazar, extorsionar y matar.

Tampoco basta justificar la creación del Comando Unificado, integrado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, bajo el argumento de que el país necesita estrategias distintas a las de hace tres o cuatro décadas. La pregunta fundamental es qué objetivos concretos tendrá esta fuerza, en qué territorios intervendrá, con qué recursos y bajo qué indicadores se comprobará que contribuye a reducir la criminalidad.

La anunciada reforma policial plantea otra interrogante. Astudillo sostiene que el trabajo comenzó en agosto, pero evita explicar sus componentes porque, según afirma, revelar detalles podría perjudicar su desarrollo. Es razonable reservar información operativa que comprometa investigaciones; no lo es convertir una reforma institucional en un asunto del que la población solo deba conocer promesas. La transparencia sobre objetivos, plazos y mecanismos de control no pone en riesgo una reforma: permite exigir que se cumpla.

Los estados de emergencia tampoco pueden convertirse en una respuesta repetitiva sin una evaluación pública de sus resultados. Desplegar militares puede ampliar la capacidad de intervención, pero no reemplaza la investigación criminal, la inteligencia policial ni la persecución financiera de las redes delictivas.