Huelga en Sunafil: Sin fiscalización ni respuestas, microempresas de Arequipa quedan a la deriva

La falta de logística y presupuesto mantiene paralizada la inspección laboral en el sector mype desde hace cuatro meses, dejando desprotegidos los derechos de miles de trabajadores.

Por: Daniela Nickole Santander

El pasado viernes, al cumplirse su quinto día de paralización tras iniciar una huelga nacional indefinida el pasado 26 de octubre de 2026, los trabajadores de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) exigen la mejora de sus condiciones de trabajo y la urgente restitución de las facultades para fiscalizar a las microempresas. El conflicto se agudizó luego de que, tras culminar el plazo de una norma de transferencia de ocho años el pasado 8 de julio, los inspectores retornaron formalmente a los gobiernos regionales; sin embargo, estas instancias carecen de la logística, el presupuesto y los medios necesarios para asumir la labor inspectiva. Como resultado de esta descoordinación estatal, si un empleado acude a interponer una denuncia, ninguna entidad cuenta con la competencia operativa para atenderlo, dejando la fiscalización del sector mype completamente en el aire y sin registrar inspecciones en cuatro meses.

La gravedad de la situación no recae únicamente en la imposibilidad de cautelar los derechos del personal, también en el impacto negativo que genera para toda la sociedad al debilitar los mecanismos de formalización y control. Permitir que la fiscalización en las microempresas quede suspendida constituye un perjuicio generalizado, ya que la informalidad laboral desprotege la seguridad social, en salud y en pensiones de miles de ciudadanos.

A ello se suma la precariedad interna que denuncian los manifestantes, quienes arrastran meses sin recibir sus remuneraciones a nivel nacional y enfrentan limitaciones extremas, como contar con una sola unidad vehicular en Arequipa para cubrir vastas provincias o padecer deficiencias en servicios básicos dentro de las propias sedes institucionales. Al respecto, el secretario de regiones del Sindicato Nacional de Trabajadores de Sunafil, Harddy Cáceres Gamero, enfatizó la urgencia de restituir las facultades inspectivas para evitar que la falta de control perjudique a todos.

«Al quedar eso en el aire, los trabajadores han retornado a los gobiernos regionales, pero los gobiernos regionales no tienen la logística, los presupuestos para poder ejecutar las fiscalizaciones. Entonces, las fiscalizaciones actualmente para las microempresas han quedado ya vacías. Si no hay competencia para las microempresas, ¿cómo es que nosotros vamos a poder fiscalizar y formalizar a estos trabajadores para que puedan recibir todos sus beneficios y tengan una seguridad social y en salud y en pensiones?», advirtió el dirigente sindical.

La crisis en el sistema de inspección laboral evidencia que la paralización de estas funciones trasciende el ámbito gremial y representa un problema que afecta el orden socioeconómico del país. Garantizar que Sunafil recupere el rol fiscalizador en las microempresas y dotar de recursos a las entidades competentes es una condición ineludible para asegurar que la justicia laboral, la formalidad y el respeto a los derechos fundamentales beneficien a toda la ciudadanía sin excepciones.

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