Por: Carlos Meneses

Los S/ 25 mil millones que permanecen sin invertir son una expresión de la distancia entre el Estado y las demandas de la ciudadanía. Mientras los recursos duermen en las cuentas públicas, las brechas de infraestructura persisten. Un gobierno que no ejecuta su presupuesto incumple su principal obligación: convertir los recursos de todos en bienestar colectivo. La ineficiencia también cuesta, y la población termina pagando la factura.

A dos meses de terminar el año fiscal, el Estado peruano mantiene S/ 25 687 millones sin ejecutar en inversión pública. La cifra desnuda una deficiencia estructural de la gestión gubernamental: dinero disponible que no se convierte en obras, servicios ni soluciones para millones de ciudadanos. No es falta de presupuesto, sino incapacidad para utilizarlo.

Al 31 de octubre, los tres niveles de gobierno ejecutaron apenas el 65% de los S/ 73 455 millones asignados, según el Consejo Privado de Competitividad. El panorama es particularmente alarmante en las municipalidades, que gastaron solo el 53,5% de sus S/ 33 887 millones y mantienen S/ 15 756 millones pendientes. Los gobiernos locales, responsables de atender las necesidades más inmediatas de la población, exhiben el mayor rezago. La ineficiencia no es una anécdota: es una constante que compromete el desarrollo de las jurisdicciones que administran.

La negligencia adquiere mayor gravedad en la prevención de desastres. De los S/ 1 022,3 millones destinados a esta finalidad, se ejecutó apenas el 54,1%, mientras S/ 468,9 millones continúan sin utilizarse. En un escenario de riesgo por el Fenómeno de El Niño, semejante retraso resulta inadmisible. Las autoridades conocen los peligros de las lluvias intensas, inundaciones y desbordes; sin embargo, la respuesta presupuestal no está a la altura de la amenaza. La prevención que no se ejecuta a tiempo termina trasladando sus costos a la población, especialmente a los sectores más vulnerables.

También es injustificable que 14 163 proyectos de inversión permanezcan con ejecución cero, pese a contar con S/ 5 823 millones de presupuesto. La mayoría está bajo responsabilidad de gobiernos locales. Esta parálisis revela fallas en la planificación, expedientes técnicos deficientes, burocracia y ausencia de conducción. Ninguna de estas razones puede servir como excusa permanente para mantener obras en el abandono administrativo mientras las necesidades ciudadanas siguen creciendo.

El país no necesita autoridades que se limiten a anunciar inversiones o exhibir presupuestos abultados. Necesita gestores capaces de ejecutar, supervisar y garantizar que cada sol público produzca resultados. La baja ejecución debe ser objeto de fiscalización rigurosa y de responsabilidades concretas. No basta con justificar los saldos al cierre del ejercicio ni con trasladar las explicaciones al siguiente año.

Además, acelerar el gasto en las últimas semanas no debe convertirse en una salida improvisada que comprometa la calidad de las obras o favorezca decisiones apresuradas. La eficiencia exige planificación desde el inicio del año, seguimiento permanente y transparencia.