Muñante rechaza denuncia contra Torres

y afirma “no tiene ni los votos ni la razón”

El primer vicepresidente del Congreso, Alejandro Muñante Barrios, de Renovación Popular, expresó su rechazo a la denuncia constitucional presentada por los diputados Amalia Palomino y Jesús Pérez, de Juntos por el Perú, contra el presidente del Senado, Miguel Torres, conocido como ‘Miki’ Torres. La iniciativa busca su inhabilitación por 10 años por presuntas irregularidades en la promulgación de la ley que delega facultades legislativas al Poder Ejecutivo.

En declaraciones al diario Expreso, Muñante cuestionó los fundamentos de la acusación y consideró que no prosperará en el Parlamento. “Yo creo que no tiene ni los votos ni la razón para hacerlo y creo que denuncias como esas solamente demuestran la intolerancia con la que se mueven estos grupos radicalizados”, manifestó.

La denuncia constitucional señala presuntas infracciones en la elaboración de la autógrafa de la norma, cuyo encabezado consignaba la fórmula “El Senado de la República ha dado la siguiente ley”, pese a que el dispositivo también fue aprobado por la Cámara de Diputados.

Asimismo, los denunciantes cuestionan la incorporación de la firma del primer vicepresidente del Senado sin una norma que lo autorizara, así como la posterior corrección mediante una fe de erratas, sin recurrir a una ley rectificatoria.

Los legisladores de Juntos por el Perú solicitaron que la Cámara de Diputados formule acusación ante el Senado y que se aplique la sanción correspondiente, conforme al artículo 100 de la Constitución. Entre las diligencias requeridas figura un pedido a Editora Perú para que remita la copia de la fe de erratas.

Muñante, por su parte, defendió la actuación de Torres y sostuvo que el procedimiento se ajustó al Reglamento del Congreso.

El presidente del Senado reconoció previamente un error material en el encabezado de la autógrafa y dispuso su corrección. El cambio se produjo luego de que el titular de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, exigiera subsanar la observación y constitucionalistas cuestionaran el procedimiento.