DESPUÉS DE 5 FRACASOS EN PRÓRROGAS

Diputados alineados a intereses de mineros

informales piden ampliar el REINFO

Buscan en la Cámara de Diputados ampliar el cuestionado REINFO.

Dos iniciativas legislativas buscan prolongar la vigencia de un registro cuestionado por especialistas y autoridades. Advierten que

el mecanismo se ha convertido en un escudo para operadores de minería ilegal y una fuente de impunidad.

Por Jorge Turpo R.

El Congreso parece decidido a repetir una fórmula que durante una década no consiguió resolver el problema de la minería informal. Dos diputados de Juntos por el Perú (JP), Analí Márquez Huanca y Jesús Pérez Alccahuamán, presentaron proyectos de ley para extender la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) hasta diciembre de 2028 y diciembre de 2030, respectivamente.

Sería la sexta ampliación de un mecanismo que, en diez años, apenas consiguió formalizar a menos del 3 % de los mineros inscritos.

Las iniciativas aparecen pese a que las cinco ampliaciones anteriores no lograron cumplir el objetivo para el que fue creado el registro. En lugar de cerrar la brecha de informalidad, el REINFO terminó convirtiéndose en una especie de salvoconducto para operadores que continúan extrayendo minerales sin cumplir plenamente las exigencias ambientales, laborales y tributarias.

César Ipenza, integrante del Observatorio de Minería Ilegal, advirtió que prolongar nuevamente el registro solo permitirá que actividades ilegales sigan funcionando bajo una apariencia de informalidad. El resultado, sostuvo, será extender la impunidad de quienes contaminan ríos, bosques y otros ecosistemas.

La advertencia coincide con la posición del ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, quien considera que el REINFO ofrece una protección penal que es aprovechada por la minería ilegal.

Por ello, planteó que el mecanismo concluya y que, desde el 1 de enero de 2027, estas actividades puedan ser denunciadas, fiscalizadas e investigadas sin utilizar el registro como escudo.

«Eso tenemos que cortarlo porque la minería ilegal está amarrada con sicariato, extorsiones, trata de personas y trabajo infantil», señaló durante el conversatorio “Minería y Energía Sostenible en América Latina”.

La primera iniciativa, presentada por la diputada cusqueña Analí Márquez, propone extender el proceso de formalización hasta el 31 de diciembre de 2028.

La legisladora condiciona el cierre del registro a la realización de un Censo Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, con el argumento de que se necesita conocer la situación real del sector. También plantea revertir las concesiones mineras que no registren producción.

Su proyecto modifica los artículos 39 y 40 de la Ley General de Minería. Entre las medidas que propone figuran establecer tarifas de hasta 20 dólares por hectárea para quienes acumulen más de 100 mil hectáreas, reducir a 15 años la regla de caducidad de las concesiones y aplicar penalidades de hasta el 10 % de la producción mínima a quienes no realicen las inversiones exigidas.

Márquez sostiene que uno de los problemas del sector es la retención de grandes extensiones de terreno sin trabajo minero acreditado.

Sin embargo, su propuesta recoge planteamientos que forman parte de la agenda de organizaciones de mineros informales.

La segunda iniciativa pertenece al diputado apurimeño Jesús Pérez Alccahuamán. Su proyecto plantea ampliar el REINFO hasta el 31 de diciembre de 2030 o hasta que entre en vigencia la nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE).

Pérez argumenta que el Estado no tendrá capacidad para resolver la situación de los más de 31.600 inscritos que permanecen en el registro antes de que venza el plazo actual, el próximo 31 de diciembre.

Para evitar que la ampliación sea interpretada como una carta blanca a la informalidad, incorpora algunas condiciones. Los inscritos tendrán 180 días para sincerar la ubicación real de sus operaciones ante el Ministerio de Energía y Minas.

Quienes incumplan o presenten coordenadas que revelen superposiciones prohibidas serán excluidos. Además, deberán señalar un domicilio procesal en la capital de su provincia o en Lima.

EL PODER DE LOS MINEROS

Más allá de las diferencias entre ambos proyectos, el elemento que los conecta es la decisión de prolongar un mecanismo que acumula diez años de resultados deficientes.

En el caso de Márquez, las coincidencias con la agenda de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal (REINFO) y la Federación de Pequeños Productores Mineros y Mineros Artesanales (FENAMARPE) son particularmente evidentes.

El mismo 4 de noviembre, fecha en que la congresista presentó su iniciativa, Magno Ismael, dirigente de CONFEMIN, publicó en sus redes sociales un mensaje de respaldo: «CONFEMIN y mineros del Perú, ¡vamos por todo!».

La coincidencia alimenta los cuestionamientos sobre la influencia que han conseguido las organizaciones de mineros informales en el Parlamento.

La experiencia de la última década demuestra que extender los plazos no ha sido suficiente para conseguir la formalización. En cambio, el registro ha permitido que numerosos operadores continúen extrayendo mineral mientras postergan el cumplimiento de las obligaciones que exige la ley.

RESALTAR

Los dos proyectos colocan nuevamente al Congreso frente a una decisión de fondo. La pregunta es cuánto tiempo más se puede prolongar una excepción que, en lugar de resolver el problema, ha terminado favoreciendo la expansión de la minería ilegal.