Por: Luis Iglesias – El Montonero

En estos días, cuando los flamantes alcaldes y gobernadores electos están recibiendo sus credenciales como nuevas autoridades, se dará inicio a los procesos de transferencia entre las gestiones salientes y las entrantes. Es un proceso que suele generar ciertas suspicacias en la población, ya sea por temor a que el alcalde o gobernador saliente busque ocultar las irregularidades cometidas –por llamarlas de la mejor forma– durante su mandato, o porque consideran que la autoridad entrante dejará de lado todo lo que pudo avanzar su antecesor para comenzar de cero.

Sin embargo, los vecinos preocupados por esta situación estarían más tranquilos si se les informara que existen mecanismos de participación ciudadana mediante los cuales pueden realizar, ya sea de manera individual u organizada, tanto el monitoreo de los procesos de transferencia de gestión de sus municipios como los de rendición de cuentas a los que están obligados los gobernadores, consejeros, alcaldes y concejales que cesan en sus cargos. Con ello se busca que desde la sociedad civil se pueda ejercer también un debido control sobre los resultados de las gestiones salientes y sobre el manejo hecho de los fondos públicos.

Estos mecanismos se encuentran incluidos en la Directiva N° 016-2022 CG/PREVI, aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 267-2022 CG y publicada el 5 de agosto del presente año, la cual regula los procesos de transferencia de gestión para las actuales gestiones regionales y municipales, así como las rendiciones de cuentas que cabe hacer a estas autoridades al final de su gestión. Esta norma se complementa además por otros tres lineamientos expedidos por la Contraloría General de la República: el referido a la conformación de los Equipos de Transferencia del Titular Saliente y del Titular Entrante (Lineamiento N° 001-2022 RCT-TG-ERM 2022); el referido al contenido del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares por Cese en el Cargo Inicial (Lineamiento N° 002-2022 RCT-TG-ERM 2022), y el referente a la labor que desempeña el Equipo de Transferencia del Titular entrante (Lineamiento N° 003-2022 RCT-TG-ERM 2022), todos ellos accesibles desde el portal web de la CGR (https://www.gob.pe/contraloria).

En dichas disposiciones se recoge, precisamente, la facultad de los ciudadanos de monitorear los resultados de ambos procesos, vigilando la continuidad de los servicios públicos brindados y el accionar de la entidad regional o local. Y además se informa a las autoridades que correspondan sobre los asuntos que afectan el interés público, sobre todo irregularidades que se encuentren en el manejo de los recursos estatales. Para ello, la Contraloría pondrá a disposición de la ciudadanía el módulo de acceso público que permite conocer la información de la Rendición de Cuentas que presenten las autoridades regionales y locales, así como las actas e informes de transferencias de gestión en cada jurisdicción, indicando además cuáles serían los municipios o gobiernos regionales que incumplan con estas disposiciones.

La necesidad de esta vigilancia ciudadana no es poca cosa. Según información del Ministerio de Economía y Finanzas, los gobiernos regionales y locales manejarán el año 2023 un aproximado de S/ 97,000 millones para la prestación de servicios, adquisición de bienes y proyectos de inversión. Ello debe incluir además la reactivación de casi 2,000 obras que se encuentran paralizadas a nivel nacional. Desde el Congreso de la República se han dictado algunas normas para respaldar esta labor, como la Ley N° 31607, que autoriza a los pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, comprendidos en el Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios (PIRCC), a financiar y/o cofinanciar el componente de fortalecimiento de capacidades institucionales y cofinanciar los proyectos de inversión que no fueron culminados en su totalidad del citado Plan, con cargo a los recursos de sus presupuestos correspondientes al Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales (FONDES) para el año 2022.

En suma, la llegada de un nuevo alcalde o gobernador a nuestras localidades no debe ser algo que genere temores y suspicacias, sino una mayor voluntad para mantener un control firme y efectivo desde la ciudadanía sobre la gestión que realicen las autoridades entrantes. Para ello, debemos fortalecer no solo una cultura de integridad y rechazo a la corrupción, venga de donde venga, sino también conocer y aplicar los mecanismos legales que se le otorga al ciudadano para promover una mayor transparencia en el manejo de los fondos que corresponden a su municipio y/o región.

Finalmente, de ello dependerá que el lugar donde vivimos tenga los servicios que merece, y que forme parte de la corriente de desarrollo social y económico al que todos aspiramos, pues, como bien lo expresara el Contralor General de la República “(…) el desafío es enorme, pero con el compromiso de todos haremos que los próximos cuatro años de gestión subnacional sean mejores al último periodo en beneficio de todas y todos los peruanos”.