— Redacción Diario El Pueblo —

La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó la mañana de ayer la denuncia constitucional contra el expresidente de la República, Pedro Castillo, mediante un escrito ingresado esta mañana a mesa de partes del Congreso de la República.

La denuncia constitucional es por los presuntos delitos de rebelión, y alternativamente conspiración luego de que el exmandatario intentara un fallido golpe de Estado el último 7 de diciembre. La denuncia alcanza a los exministros Betssy Chávez, Roberto Sánchez y Willy Huerta, por su presunta participación en este hecho.

Según el documento, a Castillo se le denuncia «como presunto coautor» del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional, en la modalidad de rebelión; así como presunto autor del delito contra la administración pública – abuso de autoridad y contra delito grave de perturbación de la tranquilidad pública. Se trata de quebrantamientos a la ley sancionados en los artículos 346 y 349 del Código Penal.

El contenido de la denuncia fue leído durante la sesión de esta mañana de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.

La denuncia de la fiscal de la Nación incluye a la expresidenta del Consejo de Ministros Betssy Chávez como presunta coautora del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional, en las modalidades de rebelión y conspiración. La misma acusación recae sobre los exministros del Interior Willy Huerta y de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez.

LEVANTAR FUERO

La fiscal de la Nación presentó el documento luego de que la madrugada de este lunes, el Pleno del Congreso aprobara la resolución que autoriza levantar el fuero al expresidente Pedro Castillo para evitar que tenga que pasar por un antejuicio político, lo que abre el camino para que la Fiscalía amplíe la detención preventiva por rebelión.

La resolución, aprobada por 67 votos a favor y 45 en contra, propuso levantar la prerrogativa de antejuicio político a Castillo y dar lugar a una causa penal, en vista a que el destituido exmandatario tiene vigente una detención preventiva por flagrancia por siete días, que vence el próximo miércoles.

En un accidentado pleno extraordinario, en el que incluso el parlamentario Pasión Dávila (Bloque Magisterial) agredió a su colega no agrupado Juan Burgos, el Congreso puso a debate el oficio del Ministerio Público en el que informaba sobre las diligencias preliminares contra Castillo, la expresidenta del Consejo de Ministros Betssy Chávez y el exministro del Interior Willy Huerta.

Con esta resolución se elimina el antejuicio que es un procedimiento político-jurídico a través de cual se levanta la inmunidad a los altos funcionarios por la presunta comisión de delitos de función, con el fin de que sea la judicatura ordinaria la que establezca la responsabilidad penal de los funcionarios acusados.