— Redacción Diario El Pueblo —

Cuando la fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas inició investigaciones en contra del entonces presidente de la República, Pedro Castillo y su entorno de funcionarios de confianza quienes estaban involucrados en presuntos casos de corrupción. Las amenazas en su contra no tardaron, es por eso por lo que Benavides acude a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y pide su intervención.

CIDH OTORGÓ MEDIDAS CAUTELARES DE PROTECCIÓN

La CIDH concluyó que la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y su familia, en el contexto de crisis institucional actual, enfrentan un grave riesgo a sus derechos a la vida e integridad personal en Perú y decidió brindarle medidas cautelares.

Señala la CIDH que al ser Patricia Benavides la principal autoridad del Ministerio Público, tener a su cargo investigaciones relacionadas con la actual crisis nacional y desarrollar esa labor la pone en una situación de vulnerabilidad.

“Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho aportadas por las partes, la Comisión solicitó a Perú que: adopte las medidas necesarias para garantizar los derechos a la vida e integridad personal de las personas identificadas como beneficiarias, concierte las medidas a implementarse con las personas beneficiarias y sus representantes. Finalmente, informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente resolución, y así evitar su repetición”, se lee en la decisión de la CIDH.

ANTECEDENTES

En la resolución 5/2023 se detalla que la fiscal Benavides indicó a la CIDH que por primera vez se investigaba a un presidente en funciones (Pedro Castillo) y a altos funcionarios de su círculo de confianza.

Estas indagatorias habrían motivado ataques, actos de hostigamiento, campañas públicas de desinformación, descrédito y desprestigio en contra de la Fiscal y de la institución que representa.

Benavides argumentó que esas amenazas no permiten garantizar la independencia de los operadores de justicia, también, perjudica la participación de la mujer en los órganos de decisión pública y buscan desestabilizar la función de la Fiscal de la Nación que conformó un Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder, encargado a exclusividad de los delitos de corrupción de funcionarios, criminalidad organizada, tráfico ilícito de drogas, lavado de activos y conexos cometidos en ejercicio del poder obtenido por elección popular o designación.

La funcionaria estatal informó a la comisión que una de las investigaciones es para dar con los miembros de una presunta organización criminal que operaba en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la comisión del delito de tráfico de influencias, casos en los que se encontrarían involucradas Lilia Paredes, esposa del expresidente de la República y su cuñada, Yenifer Paredes, quien tenía mandato de prisión preventiva vigente, al momento en que Benavides acudió a la CIDH.

Asimismo, dijo que tanto Castillo Terrones, en su calidad de jefe de Estado, como el primer ministro, Aníbal Torres, realizaron pronunciamientos en contra de la autonomía del Ministerio Público.

Pero es no es todo, Benavides relató de una campaña pública impulsada por sectores sociales y políticos, que pretendían desacreditarla con informaciones falsas que buscaban vincularla con un sector político del país llamándola “golpista” y responsabilizándola de judicializar la política e incluso de relacionarla con el narcotráfico.

También reveló de una intentona de imputarle el delito de plagio de su tesis profesional y de plantones en la sede de la Fiscalía con personas que gritaban en contra de su familia.