— Redacción Diario El Pueblo —

La Presidencia de la República negó que Dina Boluarte haya pedido reprogramar las citaciones cursadas por el Ministerio Público para que declare por el caso de las muertes de durante las últimas protestas, como denuncia ayer sábado un informe del diario Perú 21.

A través de su cuenta en Twitter, Presidencia señala que «en las dos fechas programadas por la Fiscalía se solicitó que las diligencias sean realizadas vía virtual y no se obtuvo respuesta».

Según Presidencia, en su primera citación, programada para el pasado 30 de enero, Boluarte expresó al Ministerio Público «su plena disposición para brindar su declaración de manera virtual». Y en la segunda, emitida por Fiscalía para el último 23 de febrero, «la defensa de la presidenta solicitó que sea virtual» por «los riesgos de seguridad y agitación social que podría generar su asistencia» a la sede del Ministerio Público. «Este pedido no ha sido resuelto aún», dice el tuit de Presidencia.

El informe señala que la presidenta se excusó de declarar ante la Fiscalía hasta en tres oportunidades, aunque solo menciona las fechas de dos citaciones; la primera, en enero; y una tercera el último 23 febrero. En el caso de la segunda citación, solo indica que Boluarte pidió reprogramarla con el argumento de que había riesgos para seguridad por las protestas en Lima.

Al respecto, Presidencia afirma que Boluarte «no rehúye ni posterga dar declaraciones» y «reitera su compromiso de facilitar y participar en las diligencias que la Fiscalía de la Nación estime por conveniente».

Además, indica que «la presidenta está a la espera de una respuesta para ejercer su derecho a la defensa y prestar declaraciones en el marco del debido proceso y prerrogativas que se amparan en la ley y la Constitución».

Dina Boluarte y ministros investigados

La Fiscalía de la Nación abrió una investigación contra la presidenta Dina Boluarte y ministros de su gobierno por las muertes de decenas de ciudadanos durante las protestas iniciadas en diciembre de 2022 tras el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo y la asunción al poder de la mandataria. El Ministerio Público indaga las responsabilidades en las acciones represoras de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que provocaron los fallecimientos.

Además de Boluarte, los implicados en el caso son el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; su antecesor, Pedro Angulo; y los exministros del Interior Víctor Rojas y César Cercantes y el actual ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta.