— Redacción Diario El Pueblo —

La Corte Suprema aprobó la disposición del Ministerio Público para iniciar la investigación preparatoria, luego de que Chávez Chino fuera suspendida de su labor congresal el pasado 22 de marzo, tras intento frustrado golpe de Estado.

La Corte Suprema aprobó la disposición de la Fiscalía de la Nación para formalizar y continuar la investigación preparatoria contra la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, por el fallido golpe de Estado del pasado 7 de diciembre.

La disposición judicial alcanza también a los exministros Willy Huerta y Roberto Sánchez como presuntos coautores de los delitos de rebelión y conspiración en agravio del Estado.

El juez supremo Juan Carlos Checkley resolvió «tener por comunicada y aprobar» la formalización y continuación de esta investigación preparatoria la cual tendrá un plazo de 8 meses debido a su complejidad y las diligencias programadas en este caso.

Mediante una resolución a la que tuvo acceso RPP Noticias, el magistrado dispuso que su decisión sea puesta en conocimiento de los investigados, de la Fiscalía de la Nación y de la Procuraduría General del Estado (PGE), en su condición de representante de la parte agraviada.

Asimismo, Checkley Soria precisó a los sujetos procesales que la carpeta fiscal, con todo lo que se actúe en esta investigación preparatoria, se encontrará disponible en las oficinas de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, que en adelante estará encargada del caso.

El magistrado también exhortó a los abogados particulares de los investigados a asistir a las citaciones judiciales para las audiencias programadas, bajo apercibimiento de ser excluidos, sancionados y sustituidos por un defensor público.

Cabe resaltar que el expresidente Pedro Castillo cumple 18 meses de prisión preventiva por este caso en el penal de Barbadillo, ubicado en el distrito limeño de Ate. Mientras que el expremier Aníbal Torres cumple mandato de comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país por 18 meses por esta investigación fiscal.