Perjuicio económico por S/ 48 000 en compra de equipos contra COVID-19
Ampliación de plazo injustificada en entrega de implementos permitió que se omita el cobro de penalidad a proveedor.
AMPLIAN PLAZO PARA QUE PROVEEDOR NO PAGUE PENALIDAD
La Contraloría General identificó un perjuicio de S/ 48 370 a la Gerencia Regional de Salud de Arequipa (Geresa), por ampliación de plazo sin sustento en la adquisición de equipos de protección personal (EPP), durante la pandemia por la Covid-19 durante el 2020.
El informe de Servicio de Control Específico N° 010-2023-2-0663-SCE, que detalla los hechos ocurridos durante el período del 1 de julio al 30 de setiembre de 2021, identificó presunta responsabilidad civil y administrativa en dos exfuncionarios de la anterior gestión regional (2019-2022)
Además, revela que, en la etapa de ejecución contractual de la contratación directa, la ampliación de plazo por cuatro días calendario fue aprobada sin sustento y por un funcionario que no contaba con delegación de funciones del titular del área. Estos hechos afectaron el proceso regular de formalización de las contrataciones, así como la inaplicación de penalidad por mora, debido a la actuación negligente de funcionarios que participaron en el proceso de adquisición de EPP por S/ 483 700.
ADQUISICIÓN DE EPP
En el marco de la emergencia sanitaria por la Covid-19 y el Decreto de Urgencia N° 035-2020, el 1 de julio de 2020 la Dirección Ejecutiva de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIREMID) de la Geresa, solicitó a la Oficina de Administración la compra urgente de insumos y materiales médicos destinados a la prevención y control del coronavirus.
Entre los materiales que se requirió su adquisición se encuentran: 30 mil gorros de enfermera, 100 mil guantes descartables de nitrilo, 5 mil mamelucos descartables, 15 mil mandiles no estériles, 50 mil mascarillas quirúrgicas de tres pliegues y 2 mil de tipo N-95.
El informe fue notificado al titular de la Geresa, para que efectúe el deslinde de las responsabilidades administrativas que correspondan, de los funcionarios y servidores públicos comprendidos en el hecho. También recomienda a la Procuraduría Pública de la Contraloría General, dar inicio a las acciones legales civiles contra los involucrados en los hechos con evidencias de irregularidad.
