Familiares, periodistas, empresarios, exministros y funcionarios públicos con su confesión sincera ante la Fiscalía, han admitido haber participado en presuntos actos ilícitos vinculados al entorno del exmandatario Pedro Castillo, quien cumple prisión preventiva en el penal Barbadillo.

SEGÚN TESTIMONIOS EN FISCALÍA
El periodista Mauricio Fernandini se sometió al mecanismo de la confesión sincera ante la Fiscalía. Esto, en medio de la investigación que le abrió el Ministerio Público por el caso de la empresaria Sada Goray y admitió que su departamento fue usado para el pago de presuntos sobornos durante el gobierno de Pedro Castillo.

Con esto, el exconductor televisivo se sumó a la lista de personas que han reconocido su participación en actos irregulares ligados a la gestión del exmandatario. Estos casos son investigados por la Fiscalía de la Nación, bajo la dirección de la fiscal Patricia Benavides, para los altos funcionarios con antejuicio; y por el equipo especial de fiscales conta la corrupción en el poder (Eficcop), bajo la coordinación de la fiscal Marita Barreto, para empresarios y funcionarios sin antejuicio.

Así, de acuerdo, con fuentes de El Comercio, son al menos 18 colaboradores eficaces los que actualmente trabajan con el Eficcop. Las versiones de al menos ocho de ellos han trascendido mediante las resoluciones judiciales de estos casos, las denuncias constitucionales de la Fiscalía de la Nación.

La otra figura es la confesión sincera, donde se admiten delitos para también recibir una pena reducida y que, por lo general, no implica ir a prisión. La diferencia, explican abogados penalistas, es que en la colaboración eficaz hay mayor información por dar y mayores beneficios por recibir. Al menos dos investigados se han acogido a este mecanismo.

Las colaboraciones eficaces y las confesiones son herramientas de investigación particularmente valiosas en casos de corrupción y organización criminal. Así, la aparición en febrero del 2022 de una primera colaboradora eficaz para el Ministerio Público en los presuntos actos que ya involucraban al entorno de Pedro Castillo fue clave para el avance del caso de organización criminal por el que hoy Pedro Castillo cumple prisión preventiva.

DE KARELIM A SALATIEL

Se trató de Karelim López. La empresaria era investigada por la fiscal Luz Taquire, de la Fiscalía Conta el Lavado de Activos, cuando decidió someterse a esta figura y declarar sobre la existencia de una red criminal en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Allí implicó al entonces presidente Pedro Castillo y a su ministro Juan Silva. También habló de la existencia de congresistas de Acción Popular conocidos como ‘Los Niños’ por su supuesta obediencia al mandatario, según información de El Comercio.

Karelim López renunció a la reserva de su identidad como colaboradora. Sus declaraciones sirvieron para que luego se dicte prisión preventiva por el caso Puente Tarata contra los sobrinos de Pedro Castillo, el empresario Zamir Villaverde y el exsecretario presidencial Bruno Pacheco.

En ese caso, que veía la fiscal anticorrupción, Karla Zecenarro, surgió un segundo colaborador, de clave CE-01-2022. Según consta en la resolución con la que un año después se dictaría prisión preventiva para Pedro Castillo y Juan Silva, este colaborador declaró que existían requerimientos o exigencias de parte del titular del MTC para que el funcionario de Provías Alcides Villafuerte realice determinadas acciones relacionadas con las adjudicaciones de obras en esa entidad.

Con los investigados del caso Puente Tarata en prisión preventiva, apareció el colaborador eficaz CE-02-5D2FPCEDCF-2022. Sus declaraciones servirían, por ejemplo, para dar cuenta de que Zamir Villaverde, como presunto lobista de la red en el MTC, se habría encargo de encargado de buscar profesionales “para ser colocados en Provias Descentralizado y adjudicar obras a favor de empresas de provincias que apoyaron la campaña presidencial de Pedro Castillo”.

Hacia julio del 2022, cuando los casos que involucraban al entorno presidencial pasaron a ser visto por el Eficcop, apareció el colaborador con el código CE-03-2022-EFICCOP. Sus declaraciones sirvieron como evidencia para sustentar que Bruno Pacheco, en su rol de coordinador y gestor de los intereses de la presunta organización criminal liderado por Pedro Castillo, “habría trasmitido la orden” del expresidente “para que se nombre a Hugo Chávez Arévalo en el Directorio de Petroperú”.

También declaró, según informó el diario capitalino, sobre los presuntos ascensos irregulares en la Policía Nacional; sobre la supuesta orden del exmandatario para encubrir y darle financiamiento a Bruno Pacheco para evitar que colabore con las investigaciones en curso del Ministerio Público; y sobre la captación de legisladores. Según dijo, ‘Los Niños’ de Acción Popular eran en realidad doce.

En tanto, en el caso del Ministerio de Vivienda, el empresario Hugo Espino se acogió a la confesión sincera luego de su detención preliminar. Allí, dio cuenta de depósitos de S/ 90 mil hechos por los cuñados del presidente para que elabore expedientes de obras para que puedan ser ejecutadas por ellos. Su testimonio fue clave para que en agosto del 2022 se dicte prisión preventiva para Yenifer Paredes y para el entonces alcalde de Anguía, Nenil Medina.

“Conversamos con David Paredes Navarro sobre la obra de Chadín y me preguntó cuánto iba a necesitar para que él financie el expediente, a lo cual yo le dije que es S/ 70 000 […]. El día 26 de octubre de 2021, David Paredes me depositó a mi cuenta personal […] la suma de S/ 70 000, enviándome una foto del voucher de depósito para lo cual me pidió que acelere con la elaboración del expediente y que pueda ser aprobado lo antes posible, para que él acelere y coordine con Lilia Paredes Navarro el financiamiento”, dijo.

Otro colaborador surgido por entonces, de clave CE-04-2022-EFICCOP, manifestó que Pedro Castillo ordenó en diciembre del 2021 a su subsecretario general, Beder Camacho, desaparecer “todos los registros que los puedan vincular” con el empresario Samir Abudayeh, implicado en el caso Petro-Perú. Para esto, según dijo, se trasladó a la playa La Punta, en el Callao para quemar cuatro cuadernos de ocurrencias y tirar celulares al mar, “comunicando de dichas acciones al Presidente de la República”.

A fines de este año, el colaborador de código CE-11-2022-EFICCOP dio mayor información sobre la presunta captación de legisladores ligada al caso ‘Los Niños’. Ratificó que el expresidente le pidió al asesor Auner Vásquez que captar a congresistas de Acción Popular y dio cuenta de reuniones con congresistas con ese propósito, una de ellas en Palacio de Gobierno a la que fueron los ‘recomendados’ de los parlamentarios para puesto en el Estado.

Similar es el caso del colaborador eficaz de código CE-12-2022-EFICCOP. Su testimonio sirvió para incluir en la investigación del caso ‘Los Niños’ a más legisladores, del Bloque Magisterial, Perú Libre y Acción Popular (AP), como parte de la organización criminal que lideraría Pedro Castillo.

Las declaraciones de estos últimos colaboradores hoy están incluidas en la denuncia constitucional de la Fiscal de la Nación contra los congresista Elvis Vergara, Darwin Espinoza, Raúl Doroteo y Jorge Flores. Según el Ministerio Público, sirven para evidenciar que la presunta organización criminal lideraba por Pedro Castillo contaba con un “brazo congresal”.

En dicha denuncia también figura, con ese propósito, parte de lo dicho por el colaborador CE 13-2022, a quien en ese mismo documento y en resoluciones judiciales vinculadas a su caso se identifica como Salatiel Marrufo, exjefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda. “Tengo conocimiento y puedo afirmar de la existencia de una organización criminal liderada por el presidente[…] José Pedro Castillo Terrones y conformada por diferentes funcionarios”, se lee en la denuncia.

No es el único tema por el que ha declarado. El Comercio informó en diciembre que Salatiel Marrufo solicitó acogerse a la colaboración poco después de su detención por el caso ‘Gabinete en la sombra’. Así, declaró que Castillo solicitó S/2 millones para evitar que sus sobrinos vayan a prisión por el Caso Puente Tarata y que él le daba S/50 000 mensuales al mandatario para mantenerse en su cargo de jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda.

“En mi oficina junto a Geiner Alvarado acomodamos el dinero en su maletín de cuero y después se fue a Palacio [de Gobierno] el 5 de abril del 2022 y, después de la sesión del Consejo de Ministros, le entregó el dinero al presidente Castillo”, declaró sobre lo primero el exfuncionario, quien esta semana salió de prisión preventiva.

Marrufo también dijo que recibió un total de S/ 5 500 000 de la empresa de Sada Goray y que, de ese total, se quedó con unos S/ 200 000 y una cifra igual en efectivo le entregó a Geiner Alvarado. Su versión sobre entregas de dinero de parte de la empresaria se ha visto reforzadas con la confesión sincera de Mauricio Fernandini.

Según contó el periodista al Ministerio Público, el chofer de Goray le dejó un encargo en su departamento el 14 de octubre del 2021. Se trataba de “una bolsa mediana con contenido”, que luego entregó a Marrufo. “Quiero mencionar que no abrí la bolsa, pero sí presumí que contenía dinero y estaba siendo entregado a Salatiel Marrufo como parte de pago por la designación de los directores del Fondo Mi Vivienda”, declaró según lo citado por el dominical Punto Final.