El Ejecutivo prorrogó, por segunda vez consecutiva, el estado de emergencia en la región Puno por 60 días, a partir del próximo 6 de junio.

La medida fue oficializada a través de un decreto supremo publicado ayer domingo, en el diario oficial El Peruano y lleva las rúbricas de la presidenta Dina Boluarte; del premier Alberto Otárola; del ministro de Defensa, Jorge Chávez; del ministro del Interior, Vicente Romero; y del ministro de Justicia, Daniel Maurate. 

SUSTENTO

La medida, según indican los considerandos del documento, se ampara en un Informe Técnico Operacional del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y en un dictamen de la Jefatura de la Oficina de Asesoría Jurídica que recomiendan extender el estado de emergencia en la mencionada jurisdicción.

También se fundamenta en un informe emitido por el Comandante General de la PNP que «sustenta la necesidad de prorrogar el estado de emergencia declarado en el departamento de Puno».

En base a ello, se establece que el «control del orden interno» continuará a cargo de las FF.AA. «incorporando a la Policía para el logro de dicho objetivo».

Además, señala que «la planificación, organización, dirección y conducción de las acciones u operaciones militares serán ejecutadas bajo un Comando Unificado» que estará a cargo del «Comando Operacional de las Fuerzas Armadas, al cual se integrará la Policía Nacional, de acuerdo a las disposiciones y directivas» del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA).

En ese sentido, el accionar de dicho Comando Unificado estará orientado a «la protección de los Activos Críticos Nacionales» y «la protección a instituciones públicas o privadas y/o instalaciones estratégicas vinculadas con la explotación o transporte de recursos naturales y/o vías».

Además, se indica que en los cinco días hábiles posteriores al término del estado de emergencia, el Comando Unificado y la PNP presentarán, a los titulares del Mindef y del Mininter, «un informe detallado de las acciones realizadas durante el régimen de excepción, incluyendo las medidas adoptadas para el respeto de los derechos humanos».