— Redacción Diario El Pueblo —

En las oficinas del Gobierno Regional de Arequipa se trabaja prácticamente uno encima del otro, por la gran cantidad de personas que hay en cada oficina y es que según los integrantes del Sindicato de Trabajadores Contratados, hay ahora más de 300 nuevos servidores.

Jhon Orihuela, dirigente de los contratados, dijo que por lo menos hay 300 trabajadores que ingresaron con la gestión de Elmer Cáceres Llica y hasta el momento continúan trabajando, a los que se suman todos los trabajadores que han ingresado en la actual gestión.

“Lo bueno de todo es que todavía hay muchos trabajadores que siguen haciendo trabajo remoto y no están acudiendo a las instalaciones, de lo contrario no se podría ni caminar entre los escritorios. Lo peor del caso es que las actuales autoridades no solo están permitiendo que abunde el personal, sino que también lo están Promoviendo”, añadió.

Orihuela dijo que cada jefe de oficina ha llevado a su propio personal y por ejemplo de la Gerencia General se han enviado personas recomendadas a las diversas sedes, sin que la encargada de Recursos Humanos haga nada al respecto y el problema es que no se sabe con qué dinero les irán a pagar los sueldos, que pasan de los 2 mil 500 soles.

Los trabajadores contratados hoy día llevan su tercer día de huelga de hambre debido a que la gobernadora regional Kimmerlee Gutiérrez, ni siquiera les da una cita para resolver sus problemas que arrastran desde hace varios meses. Ellos están pidiendo por ejemplo, que se les deposite el Bono Reactiva que se dio en noviembre o que se les incremente el sueldo para quienes menos ganan.

Agregó que los funcionarios no cumplen con el acuerdo firmado hace tres semanas, con el gerente general Jorge Suclla, que consiste en que se autorice a que 132 trabajadores del GRA puedan ser pagados directamente por el Ministerio de Economía y Finanzas y no sigan dependiendo de la entidad regional, que se retrasa en el pago de acuerdo a la disponibilidad de dinero.

Son 10 trabajadores los que han decidido acatar la medida de protesta en las puertas de la institución y aseguran que no dejarán la medida de fuerza, hasta que las autoridades no resuelvan su pliego de reclamos.