Se trata de Genaro Jorge Tapia Quispe, secretario de seguridad y salud en el trabajo, y José Rubén Díaz Díaz, secretario de defensa laboral, directivos del Sindicato de Construcción Civil. Fallo judicial es de primera instancia e internamiento a penal se hará efectivo si es que este queda consentido.

DURANTE EL PROCESO SE PROBÓ EL ILÍCITO   

Dos dirigentes del Sindicato de Construcción Civil de Arequipa fueron sentenciados a 15 años de pena efectiva al ser encontrados responsables del delito de extorsión agravada.

El Primer Colegiado Supraprovincial Penal Permanente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, sentenció a Genaro Jorge Tapia Quispe (secretario de seguridad y salud en el trabajo) y José Rubén Díaz Díaz (secretario de defensa laboral) dirigentes del Sindicato de Construcción Civil.

En juicio oral, de primera instancia, se probó que los acusados en su calidad dirigentes sindicales, obligaron al representante del consorcio, San José Marpeco que tenía a su cargo la construcción de la institución educativa de Patasagua, en el distrito de Tiabaya, a acceder a requerimientos contenidos en el acta de compromiso laboral.

El documento de fecha 09 de octubre de 2018, se refiere a acceder a solicitudes detalladas en el acta de compromiso como, por ejemplo, despido de trabajadores, permitir el ingreso a la obra a personal del Sindicato Único de Trabajadores de Construcción Civil, el descuento obligatorio de la cuota sindical para ser depositado a la cuenta precisada; entre otros, bajo la amenaza de paralizar la obra.

Durante el proceso quedó probado igualmente que las amenazas se concretaron mediante actos de violencia y desmanes por parte de agremiados al Sindicato de Construcción Civil; afectando a personas y bienes de la referida obra.

De igual forma, los sentenciados ejercieron amenaza sobre Florentino Jancco Cuno para conminarlo a integrar el Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil, obligando al consorcio San José Marpeco a descontar de sus haberes semanales la suma de 6 soles, monto que fue depositado a nombre de Alfredo Mojica Valdez, y no del sindicato como debía corresponder.

Los magistrados del Primer Colegiado Supraprovincial Penal Permanente, por unanimidad, impusieron una reparación de 1 000 soles que deberán pagar de manera solidaria ambos sentenciados.

Los jueces que integran el colegiado Ronald Medina Tejada, Giuliana Pastor Cuba y Juan Carlos Churata Quispe, decidieron suspender la ejecución de la condena hasta que la misma quede firme, consentida y ejecutoriada.

MOJICA Y DÍAZ

En noviembre de 2019, la Fiscalía Contra la Criminalidad Organizada realizó un operativo y detuvieron a dirigentes de Construcción Civil y de la FDTA, la hipótesis del Ministerio Público era que existía una banda que se dedicaba a extorsionar a las empresas de construcción para que den más plazas de trabajo precisamente a los obreros del rubro. A la que denominaron “Ladrillo sindical del Sur”.

Entre los nombres que se mencionaron en las audiencias de prisión preventiva de ese caso se escuchó el de José Rubén Díaz Díaz.

Según el Fiscal a cargo de las indagaciones Mojica y Díaz Díaz se presentaron en la obra de mejoramiento vial del Complejo Habitacional de Deán Valdivia (Cayma), se entrevistaron con el residente y le requirieron el descuento que se hace a los obreros por planillas, no importaba si estaban sindicalizados o no, el monto era equivalente a S/ 6 por cada uno y que debía ser depositado a la cuenta de Construcción Civil, si no accedían a ese pedido y a la entrega de más cupos de parte de la empresa encargada de la construcción: “les mandarán a la masa”. El nombre de Genaro Jorge Tapia Quispe también estaba en la relación de los detenidos.

El pedido de la Fiscalía era que a los detenidos se les imponga 36 meses de prisión preventiva, pero las pruebas que exhibían no le daban al juez certeza de la comisión de un delito y no accedió a la solicitud fiscal. Los nombres de José Rubén Díaz Díaz, Genaro Jorge Tapia Quispe y Alfredo Mojica Valdez estaban en la relación de quienes debían ser puestos en libertad de inmediato.

En el 2015, el entonces presidente de la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) Lelio Balarezo, sostuvo a El Comercio que realizó una encuesta entre sus afiliados, en ese entonces estimaron que en promedio las bandas criminales que han copado muchos de los sindicatos del ramo exigen 1,5% del valor de las obras para ‘asegurar la paz laboral’ y no paralizar los proyectos.

“El monto puede variar entre 1% y 2%, pero el promedio es 1,5%. Lo que la empresa termine entregando puede variar por el tamaño de la obra y la forma cómo lidie con los extorsionadores”, dice Balarezo.