Por Erika Romero D.

Se trata de Carlos Ampuero Riega, informe de Contraloría precisa que hechos ocurrieron cuando se desempeñaban como gerente de Desarrollo Urbano en Cayma.

CGR DETECTÓ RESPONSABILIDAD PENAL Y ADMINISTRATIVA

Carlos Dangelo Ampuero Riega registra en el portal de la Contraloría tres informes por presuntos hechos irregulares que cometió cuando fue funcionario en los municipios distritales de Cayma y en Uchumayo. En los tres reportes que corresponden a los años 2020, 2021 y 2023 figura que su responsabilidad es penal y administrativa. Desde que Gina Rodríguez asumió el mando en la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado designó a su personal de confianza, entre ellos figura el nombre de Carlos Ampuero Riega en el cargo de gerente municipal.

OBRA EN CAYMA

Los vecinos que viven a lo largo de la Av. Ramón Castilla en el pueblo joven La Tomilla (Cayma) fueron los que dieron aviso de las grietas a lo largo de esa pista que tenía a lo mucho 3 meses de haber sido recibida por la Municipalidad Distrital de Cayma. Esas fisuras solo eran la punta del iceberg de una obra cuestionada desde su concepción.

En un informe la Contraloría General de la República (CGR) da cuenta de las irregularidades cometidas entorno al proyecto ejecutado en la gestión del exalcalde caymeño, Jaime Chávez Flores y que ha significado un perjuicio económico de 521 mil 758,76 soles para esa comuna.

De acuerdo con el reporte de la entidad de control, cuatro son los funcionarios que tendrían responsabilidad penal y administrativa y solo uno, administrativa. La determinación de si realmente existe la comisión de un delito le corresponde al Ministerio Público, mientras que la sanción administrativa es potestad del mencionado municipio.

Los servidores involucrados son: Carlos Dangelo Ampuero Riega, Alivia Doris Canaza Minauro, Enrique Iturry Espezua, Amilcar Rafael Guillén Zárate y Rodrigo Jesús Bernedo Condori.

MAL INICIO

La obra en la que se ha generado el perjuicio económico es la denominada Mantenimiento del pavimento de la Av. Ramón Castilla (Cayma), inicialmente la obra estaba presupuestada en 522 mil 697,69 soles, esto de acuerdo con un estudio elaborado por un proyectista. En el monto total estaba incluido también el costo que se debía pagar al supervisor de la obra que ascendía a 14 mil 098,66 soles. Es decir que el trabajo de pavimentación fue valorizado en 508 mil 599,03 soles y el grosor del pavimento a colocar era de 1 pulgada.

Nadie se explica los motivos que tuvo Ampuero Riega para solo aprobar el costo de la obra en 508 mil 599,03 soles sin considerar la contratación de un supervisor disponiendo que sea la comuna la que se encargue de la verificación del avance y de los trabajos desde el inicio de la Av. Ramón Castilla hasta el cruce con el Jirón 20 de abril, 12 cuadras, aproximadamente.

Asimismo, decidió que el costo por la inspección sería de 7 mil 834,12 soles.

Lo curioso es que en el expediente de contratación el monto difiere del aprobado y se elevó a 728 mil 163,64 soles. En tanto que el espesor del pavimento no fue precisado por el área usuaria, sino que se dejó a libre elección del contratista ganador de la buena pro. Solo se indicó que el grosor del pavimento podía oscilar de 1 a 2 pulgadas. En buena cuenta el costo de la obra se incrementó en 219 mil 564,61 soles más.

La Contraloría en setiembre del año pasado requirió a Ampuero Riega, quien por ese entonces se desempeñó como gerente de Desarrollo Urbano en la comuna de Cayma, que brinde la documentación que sustenta la variación en los precios. No hubo respuesta.

LICITACIÓN

Cuando se convocó al Comité de Selección que evaluaría la documentación presentada por los postores interesados en ejecutar la mencionada obra se designó a los miembros titulares y suplantes. En el listado no fue considerado Carlos Ampuero Riega, sin embargo, su firma aparece en el documento denominado “Acta de admisión, calificación, evaluación de propuestas y otorgamiento de buena Pro Concurso Público N.º 001-2020-MDC-CS”. Asimismo, se ve las rúbricas de Enrique Iturry Espezua y Alivia Doris Canaza Minauro quienes sí tenían la condición de miembros titulares de la comitiva.

Cuando el proceso de licitación estuvo en marcha también ocurrió otro hecho que ha sido observado por la CGR. Se trata del puntaje otorgado al contratista que ganó la buena pro, Consorcio Pavimento Arequipa integrado por las empresas Precisión 54 EIRL y Construcción Kurama SAC. El punto a favor fue por presentar un Plan de Seguridad y Salud en el Servicio cuando este ítem ya estaba considerado en la partida presupuestal. Este beneficio le permitió al consorcio hacerse del contrato.

MÁS OBSERVACIONES

Los hallazgos hechos por la CGR seguían, pero ya en la ejecución de la obra. Ocurre que la contratista, Consorcio Pavimento Arequipa, aseguró que contaba con un profesional que cumplía con el requisito de tener 6 años de experiencia para desempeñar la labor de jefe de servicio, pero luego cuando ya empezaron a ejecutar la obra avisaron a la comuna que esa persona no podía cumplir con la labor encargada. En su lugar asignaron a otro especialista, pero solo tenía 5 años 6 meses de experiencia.

Lo lógico era que en la comuna de Cayma se imponga las penalidades correspondientes. No lo hicieron.

“No se aplicó al contratista la penalidad del 2,50% del costo total del mantenimiento que asciende a S/17 250,00 por el cambio del responsable técnico del servicio, solo se aplicó una penalidad de S/ 8 625,00 por 1 día de retraso”, se lee en el reporte elaborado por la CGR.

Finalmente, al ver las grietas en la pista se retiró 126 testigos (muestras) en diferentes puntos de la vía y notaron que solo 21 de las 126 muestras tienen un espesor igual o mayor a 2 pulgadas.

La pista está desgastada, fue un dinero mal invertido.

La CGR dispuso dar aviso al Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción para que inicie las acciones legales penales contra los funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad revelados en el informe de control específico.

RESPONSABLES SEGÚN LA CGR

Carlos Dangelo Ampuero Riega (penal-administrativa)

Alivia Doris Canaza Minauro (penal-administrativa)

Enrique Iturry Espezua (penal-administrativa)

Amilcar Rafael Guillén Zárate (administrativa)

Rodrigo Jesús Bernedo Condori (penal-administrativa)