El reportaje ha desatado un escándalo en el país caribeño, donde la Junta Central Electoral (JCE) abrió un proceso a través de la Dirección de Cedulación, Registro Civil, Seguridad Civil y Registro Electoral. Román Jáquez, titular del JCE, solicitó remitir un informe sobre la emisión del documento a la procuradora sobre crímenes y delitos contra la identidad, Esther González.

Posteriormente, ayer miércoles, el vocero del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en el Senado, Aris Yvan Lorenzo, depositó un proyecto de resolución para que desde el Congreso se curse una investigación afín, en la cual deberá colaborar la Cancillería, el Ministerio de Interior, la Policía dominicana y la Dirección de Migración.

“Estamos solicitando que se notifique, vía la embajada dominicana en Perú, al equipo de fiscales que está investigando para que informe al pleno senatorial lo que ocurrió, los involucrados en el tratamiento de las residencias de nacionalidad a la familia de una mujer que era objeto de investigación por un hecho bochornoso en Perú”, dijo.

El político propuso ante el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, que el proyecto de resolución vaya a una comisión a plazo fijo de una semana. “Para que nosotros dejemos de ser el escondite de la delincuencia internacional en el presente gobierno”, siguió.

Entre los argumentos de su resolución, Lorenzo alegó que en República Dominicana, donde el 2022 Goray declaró ante fiscales peruanos, existen “serias deficiencias” en los procesos de seguridad para el otorgamiento de visado y documento de identidad.

Al ser detenida, en julio pasado, el Equipo Especial de fiscales y policías contra la Corrupción del Poder incautó en su vivienda una visa de República Dominicana vigente hasta enero del 2022 bajo la categoría RS, es decir, inversionista o pensionista extranjera.

De igual modo, los fiscales hallaron una cédula dominicana de número 402-5427502-3, con “fecha de expiración el 31 de octubre de 2024″ y con “dirección de residencia en la avenida Italia Casa 23, sector Punta Cana, municipio de Higuey”, una dirección que es una galería poco transcurrida.

Según la investigación del dominical, Goray solicitó este documento en octubre del año pasado, un mes después que estallara el escándalo de sobornos.