José Domingo Pérez, miembro del equipo especial que investiga el caso Lava Jato, solicitó las pruebas que ha recabado el Equipo Especial contra la Corrupción del Poder (Eficcop) sobre “los hechos ilícitos que vincularían a congresistas” con la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, acusada de liderar una presunta red criminal de tráfico de influencias.

A través de un oficio dirigido a Pablo Sánchez, quien declinó a la jefatura interina del Ministerio Público, el fiscal anticorrupción requirió el informe del Eficcop para incluirlo en el juicio oral contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Según un informe difundido por Hildebrandt en sus trece, el ‘agente especial’ que entregó a la Fiscalía los chats y registros de voz que develaron esta presunta organización criminal sería un integrante de la bancada naranja, quien recibió el seudónimo de ‘Roberto’ y dispuso las conversaciones por WhatsApp que sostuvo con Jaime Villanueva, asesor y mano derecha de Benavides, así como una treintena de audios.

Todo ese material desnudó una red acusada de influir “ilícitamente en decisiones de congresistas” para la destitución de los titulares de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la designación del actual defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, y la inhabilitación de la exfiscal general Zoraida Ávalos.

A inicios de diciembre, el juez Víctor Zúñiga emitió el auto de enjuiciamiento que marca el inicio del proceso penal por lavado de activos contra la excandidata presidencial, a raíz de los supuestos aportes ilegales a sus campañas electorales. El magistrado declaró la “validez formal y material del requerimiento acusatorio, así como la existencia de una relación jurídica procesal válida”, según la resolución.

En este caso, denominado ‘Cócteles’, están denunciados los integrantes de la cúpula del partido fujimorista, entre ellos Vicente Silva Checa, Pier Figari, Ana Hertz, Jaime Yoshiyama, José Chlimper y el exesposo de Keiko Fujimori, Mark Vito, entre otros 30 imputados.

Este proceso, que cuenta con 41 presuntos implicados, está relacionado con el lavado de activos atribuido a la empresa constructora Odebrecht al haber hecho aportes ilegales en las campañas presidenciales de Fujimori, quien se enfrenta a un pedido de 30 años de cárcel.

Tras más de dos años de investigación, en marzo de 2021, la Fiscalía elevó este pedido de prisión y una acusación formulada por los presuntos delitos de crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo.