Alimentos entregados a comedores populares sometidos a estudios de laboratorio
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Por Orlando Cáceres V.
Eleben S.A.C. podría ser intervenida por la Fiscalía en caso las conservas no estén aptas para el consumo humano.
INSUMOS NO SON REPARTIDOS A BENEFICIARIOS
Tomarían acciones si se descubre un presunto engaño. El gerente de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA), Ismael Samos Rivera, señaló que la empresa Eleben S.A.C. que vendió 25 mil conservas de jurel a la comuna podría ser penalizada si se comprueba que estos alimentos no eran aptos para el consumo humano. Los resultados de los exámenes correspondientes se darán a conocer durante la primera semana de enero.
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Samos Rivera comentó que la penalización se haría mediante un proceso que iniciaría la Procuraduría Municipal siempre que los alimentos en cuestión no resultan ser aptos para el consumo de la población que se beneficia con ellos.
“En caso de que las conservas no puedan usarse debería intervenir la Fiscalía, además, la Procuraduría (de la MPA) debería iniciar también acciones legales en esa supuesta situación”, comentó el funcionario.
Samos Rivera declaró que hay una investigación fiscal a causa del Informe de Control N° 29040-2023-CG/GRAR-SCC (que data del primero de agosto del 2023). Este indicaba que los productos -que costaron 102 mil 486 soles con 73 céntimos al municipio- no se encontrarían aptos para que los beneficiarios los ingiera.
Cabe precisar que, las conservas iban dirigidas a los comedores populares que administra la comuna provincial en varias jurisdicciones; especialmente en la periferia. El servidor estatal aclaró que, si el laboratorio al que enviaron las muestras determina que el jurel en conserva sí puede consumirse se reiniciará el reparto del alimento.
SOLO CONTRA LA EMPRESA
Ismael Samos recalcó que no sería necesario buscar responsables de parte del municipio por este problema si los resultados de las pruebas a las conservas salen negativos. El ingeniero de profesión agregó que los servidores estatales hicieron los exámenes organolépticos correspondientes antes de recibir estos alimentos. Fruto de las pruebas, determinaron que los productos inicialmente tenían más caballa que jurel. Posteriormente, encontraron que había más agua que pescado; por lo que intervino la Procuraduría para desarrollar las evaluaciones legales correspondientes.
«La gestión pasada (liderada por Hortensia Calderón Hilacondo) decidió resolver el contrato con esta empresa. Pero, la compañía se fue en arbitraje», relató el servidor estatal.