El ministro de Justicia, Eduardo Arana, afirmó que el indulto otorgado al exdictador Alberto Fujimori (1990-2000) es un tema concluido para el Gobierno y ya “no se ha vuelto a tocar” en los Consejos de Ministros que preside la jefa de Estado, Dina Boluarte.

En una entrevista difundida en RPP, el titular detalló que su despacho ha solicitado al Tribunal Constitucional (TC) el expediente que desencadenó la excarcelación de Fujimori en diciembre pasado, de cara a una futura respuesta que el Ejecutivo enviará a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por declarar al Perú en desacato.

“Vamos a responder con las armas de derecho nacional e internacional, y vamos a explicar las razones del Estado peruano por las cuales hemos tomado la decisión que se ha adoptado. Creemos que estas decisiones están ajustadas a la Constitución, a la ley y a los tratados internacionales”, remarcó.

“Desde luego, no es el momento para poder explicarlo, pero tenemos plazo hasta el 4 de marzo del 2024 para poder expresar la respuesta. Todo este mecanismo de pedir información es solo con el propósito para tener los elementos de juicio para responder a la Corte IDH”, añadió.

“Para verificar el contenido, para analizar cómo ha sido el proceso, hemos pedido la copia del expediente, y así vamos a solicitar a todas las entidades […]. Yo no le puedo decir a la Corte que ‘solo tengo la notificación’, entonces debo conocer todo el proceso. En virtud de eso, emitiremos una opinión. Es un tema muy sencillo y no compromete a nada”, aseguró.

El tribunal internacional había ordenado al Perú no dejar en libertar al exdictador como parte del cumplimiento de las sentencias de los casos por los que fue condenado; sin embargo, Fujimori salió de prisión en cumplimiento de un fallo del TC que restituyó los efectos de la gracia otorgada en 2017 el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski.

Junto con Nicaragua, Perú es el segundo país que la Corte IDH ha declarado en desacato en los últimos años, después de un pedido del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), organización que representa a víctimas de violaciones de derechos humanos de La Cantuta y Barrios Altos.