ARGENTINA

El Gobierno de Javier Milei, que tanto rehúye de la política tradicional, necesita conciliar con ella para sacar adelante su ley de reforma del Estado, un mamotreto de más de 600 artículos que cambia de raíz buena parte de la estructura política, social y económica de Argentina. El partido del ultraderechista, La Libertad Avanza, está en minoría en el Parlamento y requiere del apoyo de una parte de las cámaras legislativas para avanzar con sus medidas. Aunque un sector del Gabinete se mostró intransigente, algunos ministros han reconocido “errores” en la redacción del texto y han empezado a ceder durante el debate del proyecto en comisiones.

La eliminación de un artículo que controla reuniones de más de tres personas o la renuncia a que el Ejecutivo concentre gran poder por hasta cuatro años son algunos de los puntos a revisar.

El tratamiento de la iniciativa empezó el martes en un plenario de tres comisiones y se extendió hasta la madrugada del viernes

“Algunos errores cometidos en la redacción de la ley van a ser modificados”, reconoció Guillermo Francos, ministro del Interior, después escuchar las críticas expresadas desde todas las bancadas. Francos defendió el contenido de la iniciativa y aseguró que él y su equipo evaluarán las “inquietudes” de los legisladores para que la ley avance y pueda ser votada en el recinto. La Libertad Avanza espera aprobar la ley en el Congreso antes de fin de mes, cuando se cumple el periodo de sesiones extraordinarias convocadas por Milei para ese fin. El Gobierno cree que estas y otras medidas son “absolutamente necesarias” para que Argentina, que cerró el 2023 con una inflación del 211,4%, salga de la “decadencia”.

El presidente argentino ha arremetido contra el Congreso para presionar en la aprobación de la ley; ha acusado de corruptos a los legisladores, que para él son parte de “la casta”, y les ha dicho que, si no están “a favor de la libertad”, apoyan un “modelo empobrecedor”. En las comisiones, sin embargo, ha habido señales de negociación. A las concesiones de Francos, se sumaron las de Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, que se comprometió a eliminar el artículo 331 de la ley, que plantea la obligación de pedir permiso al Gobierno para “la congregación intencional y temporal de tres o más personas” en el espacio público. “Denlo por retirado”, zanjó sobre uno de los más controvertidos del proyecto. También la subsecretaria de Ambiente, Ana Lamas, aseguró que se quitará un cambio en la Ley de Bosques que causó controversia: “Se incluyó por error”.