La Contraloría General identificó un perjuicio económico de S/ 10 035 868 al Gobierno Regional de Arequipa (GRA) por trabajos no ejecutados por inaplicación de penalidades y por una indebida aprobación de ampliaciones de plazo y un adicional en la obra de mejoramiento de la carretera Pampacolca – división Tagre, Tipán, distrito de Pampacolca, provincia de Castilla, proyecto de la Autoridad de Reconstrucción Con Cambios (RCC).

PROYECTO ES CARRETERA PAMPACOLCA-TIPÁN

El Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 056-2023-2-5334-AC detalló que se realizaron pagos en exceso en las valorizaciones desde la N° 1 a la N° 11, así como en la valorización N° 17. A pesar de los incumplimientos en la oferta técnica por parte de la contratista, no se le aplicó las penalidades que correspondían.

El 9 de julio del 2019 se firmó el contrato para la ejecución de la obra por un monto contractual de S/ 11 633 986 y un plazo de 270 días calendarios con el financiamiento de la autoridad de RCC. Los trabajos se iniciaron el 16 de noviembre de 2019 y consistía en movimiento de tierras, colocación de pavimento en la vía, construcción de cunetas, alcantarillas, transporte de material, entre otros.

Sin embargo, la comisión de control identificó diversas deficiencias e incumplimientos normativos de carácter técnico y legal, en especial en superficies a nivel de base y de la inexistencia de la estructura del pavimento. A la fecha la obra se encuentra paralizada tras la resolución del contrato (junio de 2022). A julio del 2023 tenía un avance del 89.11%. El monto actualizado del contrato asciende a S/ 13 719 890 y tiene un saldo por ejecutar de S/ 3 126 447.

En los hechos ocurridos durante el período del 16 de noviembre del 2019 al 31 de diciembre de 2021, se identificó la presunta responsabilidad penal y administrativa en nueve exfuncionarios y exservidores de la anterior gestión regional (2019-2022), entre los que se encuentra el exgobernador regional, Elmer Cáceres Llica.

El informe, elaborado por el Órgano de Control Institucional (OCI) del GRA, fue notificado al gobernador regional para que inicie el deslinde de responsabilidades y recomienda a la Procuraduría Pública Especializada de Delitos de Corrupción adoptar las acciones penales en contra de los presuntos responsables.