Por Carlos Hakansson – El Montonero

PROPUESTAS QUE MATAN

En una reciente columna el Doctor Guillermo Tenorio[1] crítica con preocupación las propuestas de reforma constitucional que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) desea impulsar durante la legislatura. Como sabemos, la Constitución mexicana de 1917 contiene alrededor de seiscientas reformas constitucionales en toda su historia republicana; sin embargo, la propuesta del jefe de Estado para desaparecer los órganos constitucionales autónomos (Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, la Comisión Federal de Competencia Económica, la Comisión Reguladora de Energía y el Instituto Nacional Electoral) producirá la concentración del ejercicio del poder cuando las constituciones buscan lo contrario. La separación de poderes promueve el diálogo, entendimiento y tolerancia de las instituciones políticas para la toma de decisiones y evitar arbitrariedades que, al final, se manifiestan afectando derechos y libertades.

Lo primero a tener en cuenta es que las reformas constitucionales deben observar la continuidad jurídica de una comunidad política, por eso se distinguen dos tipos: las correctivas, a cargo del Congreso por un procedimiento reglado en el texto constitucional; y las profundizadoras, mediante la interpretación judicial de la Constitución. Las primeras enmiendan o corrigen un error formal, las segundas develan su contenido para su mejor aplicación material. También existen las reformas retroalimentadoras, es decir, aquéllas que surgen y se explican por un episodio histórico que las distinguen; por ejemplo, la regla de perpetuidad en la Ley Fundamental de Bonn (1949) que impide la inscripción y financiamiento de partidos no comprometidos con los principios democráticos (artículo 21 LFB), o en la propia Constitución mexicana (1917) que impide la reelección presidencial de por vida de un exmandatario (artículo 83 CMX). La primera a consecuencia del nazismo, la segunda tras el final del porfiriato[2].

El profesor Richard Albert resalta el cuidado que una comunidad política debe tener contra las reformas desmembradoras, las cuales producen una ruptura con el texto constitucional. Como asevera Albert, “(…) son esfuerzos autoconscientes que repudian las características esenciales de la Constitución y minan sus fundamentos. Desmantelan la estructura básica de la Constitución, mientras, al mismo tiempo, erigen nuevos cimientos, basados en principios contrarios a los originalmente adoptados”[3]. Precisamente, las propuestas de reforma producirán un efecto desmembrador de una tradición institucional lesiva a la constitucionalidad.

A las etapas históricas de Independencia, Revolución y Reforma en México, AMLO desea sumar la denominada Cuarta Transformación, para culminarla antes de septiembre de 2024, cuando finaliza su mandato presidencial. El paquete de reformas propuesto para la Constitución mexicana producirá un retroceso institucional, además de promover una acumulación de competencias en el Ejecutivo que resultan insanas para un Estado Constitucional de Derecho y Federal. La naturaleza de los órganos constitucionales autónomos busca desconcentrar ciertas funciones del gobierno a través de instituciones que dirijan su administración con la finalidad de garantizar la independencia para su conducción y la transparencia de sus decisiones. Dos principios que evitan la concentración del poder político en órganos técnicos y libres de un direccionamiento político-clientelar con propósitos populistas. Se trata de reformas que matan.