Por: Rubén Quiroz Ávila

Es conocida históricamente la endeble situación de nuestro sistema educativo, desde su infraestructura hasta sus recursos humanos. Lamentablemente, ante el crecimiento infausto de la pobreza, en la actualidad un tercio de la población, nuestros jóvenes talentos tendrán menos posibilidades de acceso al circuito de educación superior si no ayudamos a minimizar esa colisión socioeconómica.

El modelo universitario peruano es una paradoja. Tenemos 46 universidades privadas y 47 públicas. Es decir, solo la mitad de la educación ofertada es gratuita y pública, pero en términos de cantidades de estudiantes solo representa un poco más de un tercio del total. Eso es lo terrible: no se ha incrementado sustancialmente las vacantes para el acceso a la educación pública universitaria. Hace años que se mantiene, en la práctica, con las mismas cifras, a pesar de haberse intensificado dramáticamente la demanda.

Es que la educación sigue siendo el mejor camino para romper el círculo vicioso de la pobreza; por lo tanto, si no se incluye a sectores sociales, que, de otro modo, jamás podrían estudiar, estaremos perdiendo todo el inmenso potencial de nuestros jóvenes. Muchos de ellos solo quieren la oportunidad, una sola, para desplegar su brillantez académica. Ha quedado muchas veces demostrado que la apuesta por la educación es la mejor manera de asegurar el futuro, pero esto parece no ser la preocupación fundamental para quienes tienen la responsabilidad de gestionar ello.

Al respecto, hay varios mecanismos que son combinables y han tenido resultados eficaces para la incorporación de estos grupos al ecosistema educativo. Programas como Beca 18 han sido fantásticos para ampliar e insertar a la población con méritos académicos y a la vez en circunstancias vulnerables. El impacto social positivo es exponencial. A la vez, el surgimiento de filiales de las universidades públicas en las regiones es una excelente estrategia para acercar directamente el campus al territorio local. Y también es inexcusable, urgente, imperativo, aumentar las vacantes y diseñar, a la par, un sistema de admisión suficientemente validado para atraer a los estudiantes con las competencias requeridas para un contexto de tanta exigencia e incertidumbre. Un examen de admisión mal diseñado, obsoleto, memorístico, es un proceso fatal, de injusticia y sesgado que, no solo perjudica al postulante, sino también al país.

Entonces, se requiere de acciones concretas que recuperen sustancialmente el potencial de los peruanos que, frente a los escasos recursos y difíciles condiciones de vida, tengan la merecida oportunidad para poder estudiar y asegurar su permanencia. No solo constituye una oportunidad para el joven, sino además es, fundamentalmente, una oportunidad indispensable que se da el Perú a sí mismo.