CIDH realizó audiencia exclusiva sobre situación de la Fiscalía
El fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, aclaró que la finalización de los procesos no depende del Ministerio Público. “Tenemos muchos casos que se ha llevado la acusación o están en etapa intermedia y el señalamiento depende del Poder Judicial”, indicó.
Asimismo, cuestionó que el Parlamento demore en atender las denuncias constitucionales presentadas. “Hemos mandado algunas a las que no se han dado trámite y que se nos ha devuelto después de los cinco años que es el periodo que tienen los altos funcionarios y ahí es la demora, refiriéndome específicamente al caso Cuello Blancos”, declaró.
El relator para Perú de la CIDH, Edgar Stuardo Ralón, advierte cómo afectaría la remoción de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), impulsada por el Congreso de la República.
El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, menciona que la Junta Nacional de Justicia fue la que designó al jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público. ”Si hubiera algún exceso, el mismo sistema tiene que corregirlo. En cuanto a los congresistas, tienen la prerrogativa de presentar proyectos según su leal saber y entender”, señaló Gutiérrez.
Al gobierno de Dina Boluarte se solicitó que “acepte y disponga los medios necesarios para el inmediato funcionamiento del mecanismo dispuesto en el informe de país de la CIDH y que se invite a la Comisión Interamericana a una visita de trabajo”.
Al Congreso de la República se invocó a abstenerse de realizar un uso abusivo de los mecanismos de juicio político contra altos operadores de justicia, incluyendo fiscales supremos.
Mientras que al Poder Judicial se le solicitó resolver oportunamente los casos pendientes que denuncian afectaciones a la independencia de operadores y al Ministerio Público que continúe pronunciándose en defensa de su autonomía.
Además, que se establezca un mecanismo institucional para informar de casos de alto impacto, que se adelanten las investigaciones acorde a los estándares interamericanos y que se evalúe la aprobación de reformas para disminuir el número de cargos provisionales.