Por: Carlos Meneses

El Perú quiere y busca desterrar cualquier intento de familiares o de grupo político que pretenda el copamiento del manejo del dinero de todos los peruanos.

Contraría la pretensión de la familia del congresista Esdras Medina Minaya para que el Tribunal Constitucional (TC) les exima del cumplimento del artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado y con ello seguir siendo proveedores de bienes o servicios de instituciones estatales, pese a que existe restricción que se los impide.

El dispositivo precisa que mientras Esdras Medina o cualquier otra persona asuma la función de parlamentario y hasta un año después de haber dejado el cargo no puede contratar con el Estado; la prohibición alcanza al cónyuge, conviviente o los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad (hermanos) o afinidad por el mismo tiempo.

Aunque los proponentes anunciaron que han acudido con un recurso de agravio constitucional (RAC) ante el TC, es oportuno recordar que en un país que está buscando combatir la corrupción no se puede pretender modificar las disposiciones vigentes para que familiares consanguíneos puedan tener acceso a contratos públicos.

De lo que se trata es de no dejar puerta abierta a la posibilidad de que familiares de quienes tengan función parlamentaria o de gobierno puedan paralelamente beneficiarse con contratos estatales. Creemos, para este caso, que hacer una excepción a la ley es una alternativa no viable ni conveniente.

Además, sabemos que antes de llegar a la representación parlamentaria el ahora congresista arequipeño ha tenido posiciones de tendencia autoritaria en lo que se refiere a asuntos vinculados a sector educación.

Sabemos que la propuesta de los familiares del legislador Medina Minaya ha sido elevada al TC, donde esperamos corra la misma suerte que lo decidido por jueces arequipeños cuya probidad fue puesta a prueba y, afortunadamente, su opinión ha sido desfavorable, porque no hay en juego la afectación de ningún derecho para conculcar la situación vigente.