— Redacción Diario El Pueblo —

Daniel Soria Luján, quien fue apartado del cargo de Procurador General del Estado por el Ejecutivo, afirmó este miércoles que la resolución que da por conluida su designación «es ilegal» y que evaluará tomar acciones en el Poder Judicial para que la medida sea considerada como tal.

En conversación con Ampliación de Noticias de RPP explicó que la resolución publicada en la edición extraordinaria de El Peruano la noche del martes tiene como base «única y exclusivamente» una disposición transitoria de la ley orgánica del Poder Ejecutivo del 2007, que permite cesar a un funcionario por pérdida de confianza.

Indicó que ese fundamento para su cese en el cargo no tiene base legal, «porque la Procuraduría General del Estado se regula por una norma del mismo rango (decreto legislativo 1326) que se dio diez años después (2017)».

«Una norma posterior y especial que, en el artículo 17, (establece) los motivos de remisión de los miembros del consejo directivo, entre ellos el Procurador General del Estado», afirmó.

Informe de Contraloría

En ese sentido, Soria puntualizó que los fundamentos para retirarlo del cargo no tienen que ver con el informe emitido el lunes 31 de enero por la Contraloría a través del Organo de Control Institucional (OCI) del Ministerio de Justicia, en el que se advertía indicios de irregularidades en su nombramiento como procurador en febrero de 2020.

Según el informe de la OCI, Soría fue nombrado en el cargo «sin que haya acreditado trayectoria en la defensa jurídica del Estado» y «sin contar con el informe técnico o legal» que la sustente su designación.

El exprocurador dijo a Ampliación de Noticias que discrepa con que se excluya para el cargo que desempeñó a quien antes no haya sido «procurador o abogado de una procuraduría».

«Discrepo de ese razonamiento y ya lo he mencionado en el pasado, porque la actividad de defensa jurídica Estado trascienden en la práctica el trabajo de una procuraduría concreta. Es decir, hay abogados que no trabajan en una procuraduría, pero hacen defensa jurídica del Estado», comentó.

Al respectó mencionó que en la Defensoría del Pueblo trabajó en el cargo de adjuntía en asuntos constitucionales, donde participaba «en la elaboración de las demandas que el Defensor del Pueblo presentaba en procesos del constitucionales». «Es exactamente la misma actividad que, por ejemplo, hace la procuraduría especializada en materia constitucional», señaló.