— Redacción Diario El Pueblo —

Se ratificó la condena para tres dirigentes del Valle de Tambo por los delitos de tentativa de extorsión, entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos, disturbios y motín, durante las protestas ocurridas en el 2015 contra el proyecto minero Tía María, en la provincia de Islay.

Pepe Julio Gutiérrez Zeballos, fue hallado responsable de los delitos de extorsión, en grado de tentativa, en contra de la empresa Southern Perú Cooper Corporation y de entorpecimiento de los servicios públicos y disturbios en agravio del Estado, por lo que se le impuso una pena efectiva de 16 años de cárcel, a la cual se le descontó el tiempo que cumplió prisión preventiva, estando pendiente 13 años y 3 meses en la cárcel.

Asimismo, Jesús Mariano Cornejo Reynoso fue sentenciado a 7 años y 4 meses de cárcel por los delitos de entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos y motín, mientras que el exalcalde del distrito de Dean Valdivia, Jaime Trinidad de la Cruz Gallegos, fue condenado a 12 años y cuatro meses por los delitos de entorpecimiento de los servicios públicos, disturbios y motín.

También, se ratificó el pago de la reparación civil, en el caso del sentenciado Jesús Mariano Cornejo Reynoso para el pago de 35 mil soles a favor del Estado por los delitos cometidos; mientras Pepe Julio Gutiérrez Zeballos y Jaime Trinidad de la Cruz Gallegos deberán pagar 500 mil soles, en forma solidaria, por los disturbios y entorpecimiento a los servicios públicos.

Asimismo, los tres sentenciados en forma solidaria, deberán pagar 100 mil soles por el delito de motín.

El caso fue investigado por la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada de Arequipa, inicialmente a cargo de la fiscal María Alejandra Cárdenas, quien realizó las investigaciones y sustentó la prisión preventiva contra los imputados, y la fiscal provincial María Alejandra Cabana Ocsa, la sustentación y debate de los argumentos de la Fiscalía durante el juicio. En segunda instancia, la defensa de la posición del Ministerio Público estuvo a cargo de la fiscal superior Miriam Herrera Vel