Por César Gutiérrez – El Montonero

La importancia del sector minero energético en la economía nacional es de primer orden. No solo representa el 14% del PBI, sino también el 40% del saldo de inversión extranjera directa, que significan US$ 11,074 millones. Lamentablemente el manejo que se le viene dando en los últimos 10 años es de bajísima calidad. Su desarrollo depende mucho del empuje que se brinde desde el sector gubernamental, y en los seis meses de gestión de Pedro Castillo la situación se ha agravado. Se ha amenazado con el incremento de impuestos, no se les ha respaldado frente a los conflictos sociales, se ha predicado la renegociación compulsiva de los contratos ley y la nacionalización de recursos naturales.

Se esperaba que el cambio de gabinete fuese un punto de inflexión para iniciar el retorno a mejores épocas; pero las esperanzas se han diluido, y más bien el pesimismo asoma. Hay cinco carteras ministeriales que tienen mucha influencia en el sector: Premierato, Energía y Minas, Ambiente, Agricultura y Cultura.

En el Premierato se tiene el Viceministerio de Gobernanza Territorial que a través de una secretaría participa en la solución de conflictos. En Energía y Minas se debe emitir la normativa en temas operativos y las autorizaciones de construcción y funcionamiento. En Ambiente se encuentra la fiscalización de operaciones en temas ambientales, mediante la OEFA; la aprobación de estudios de impacto ambiental, por Senace, cuya dilación no permite el avance de proyectos. En Agricultura, se establecen reglas para el uso de aguas, tópico muy sensible para hidroeléctricas y mineras. En Cultura, a través del Viceministerio de Interculturalidad se determinan los proyectos que deben pasar por consulta previa. Resulta que los titulares designados en cada uno de los ministerios citados no tienen formación, experiencia ni conocimientos sobre minería y energía. Vale la pena hacer un recuento de las necesidades para ser más precisos.

La minería ha tenido que soportar las medidas de fuerza de grupos que dificultan el transporte de los minerales extraídos, llevando a los productores a disminuir el ritmo de las operaciones, llegando inclusive hasta la paralización. De otro lado, los nuevos proyectos han sido motivo de fustigación de grupos antimineros que han limitado nuevas inversiones.

La minería tiene una gran interdependencia con la demanda de electricidad y combustibles. En energía eléctrica, la minería es uno de los grupos de mayor consumo, cerca del 30% del total, y la disminución del ritmo de inversión en exploración y explotación minera ha devenido en que el inicio de construcción de grandes centrales de generación se haya paralizado en el 2011, con las hidroeléctricas de Chaglla y Cerro del Águila, inauguradas en el segundo semestre del 2016.

Sobre el consumo de combustibles, la actividad minera hace el 10% de la demanda total, el retraso de proyectos o paralización de actividades conlleva a la disminución de ingresos de refinerías e importadores de combustibles y crudo.

Por el lado de la energía hidrocarburífera las cifras de la caída de inversiones son catastrófica, de US$ 596 millones que se tenían el 2011 en exploración se ha retrocedido a US$ 2.6 millones en el 2021. Hemos perdido atractivo para la exploración en nuestro territorio y se necesita medidas imaginativas para que más empresas arriben, en lugar de estar haciendo lobby en el Congreso para extender los contratos vigentes que están al término de los plazos para operar.

Con una agenda tan técnica, se requiere profesionales que conozcan el sector, que tengan independencia de los intereses de grupos empresariales y políticos, que tengan experiencia como gestores normativos y sancionadores. Nada de eso vemos en el gabinete Valer, una lástima para el país.