— Redacción Diario El Pueblo —

Según el reporte del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y la organización no gubernamental Flora Tristán, en estos dos años de pandemia que generó la COVID en el país, el 60% de las mujeres que formaban parte de la Población Económicamente Activa (PEA), perdieron su empleo y hoy se dedican al cuidado de niños en el hogar, a la atención ancianos o pacientes que padecen de la COVID-19; asimismo, el 6% de mujeres dejaron sus estudios por falta de recursos económicos.

También el 6% dejaron sus estudios por falta de dinero

Águeda Muñoz del Carpio Toia, docente de la Escuela Profesional de Medicina Humana e investigadora de la Universidad Católica de Santa María, durante su ponencia titulada participó en “Aportes de la mujer en la zona sur del Perú para la lucha contra la COVID -19” y su disertación fue “Revalorando el Rol de la Mujer Científica de la Macrorregión Sur del Perú 2022”.

El servicio telefónico del Ministerio de la Mujer, entidad que recibe denuncias de violencia familiar y sexual, registró alrededor de 235 mil casos durante la pandemia, estas cifras duplican los casos ocurridos en el 2019. A esta realidad se suma que el 60% de feminicidios en el Perú ocurren en el hogar, según lo determinó el registro del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público. De acuerdo a la ONU Mujeres y el PNUD, los riesgos de violencia contra las mujeres y las niñas aumentaron en espacios privados a causa del aislamiento social.

Esta realidad llevó a los integrantes de la academia a plantear un estudio que permita aportar soluciones. La doctora Águeda Muñoz, detalló que en el sur del país, las mujeres científicas unieron esfuerzos para identificar los problemas que generó la pandemia en la sociedad; por lo que desarrollaron el proyecto: “Violencia basada en género y COVID-19: recomendaciones para intervenciones en el contexto de una crisis humanitaria”; trabajo que fue liderado por el equipo de la Universidad Cayetano Heredia, no obstante la investigadora marianista participó en representación de la Universidad Católica de Santa María a través de su Vicerrectorado de Investigación.

El estudio reveló que las víctimas no conocen los canales de ayuda que brindan las instituciones del Estado, lo que impide que puedan solicitar apoyo cuando son violentadas; otro de los problemas hallados fue que existen mitos sobre la ineficacia del servicio de ayuda a las mujeres agredidas, hecho que las desalienta a denunciar a sus agresores. Para revertir esta realidad, se planteó que se utilice la tecnología a través del canal de WhatsApp, con el fin de brindar asistencia en tiempo real a las mujeres.

“Es necesario concientizar a la población y en el marco del proyecto se realizaron dos videos informativos, que servirán de instructivo para las víctimas; paralelamente se recomendó capacitar al personal encargado de atender a quienes sufren maltratos; de tal forma que puedan empoderar a quienes son agredidas para que denuncien que fueron objeto de violencia. Es muy importante que se cree las condiciones para evitar que en el proceso de asistencia las mujeres no sean revictimizadas”, enfatizó.

Para la investigadora, en el sur del país la falta de investigación científica por parte de las mujeres se debe a que no se generan espacios para desarrollar estos trabajos, siendo responsabilidad de los municipios y gobiernos regionales crear oportunidades e impulsar proyectos, que servirán para mejorar la condición de vida de la población y sobre todo de las mujeres.

La ausencia de mentorías para mujeres científicas desde niñas es una realidad, mientras que las profesionales hoy tienen mayores responsabilidades dentro del hogar, lo que impide que tengan oportunidades para llevar a cabo un trabajo un científico sostenido y la especialista planteó la necesidad de establecer un enfoque macrorregional de una igualdad entre géneros y culturas, para lograr una equidad en la sociedad.