— Redacción Diario El Pueblo —

Cuando una persona es violentada, ha sido víctima de un accidente o fue asaltada, recurre a los municipios para solicitar los videos para poder identificar a los agresores, pero la respuesta que recibe en la mayoría de ellos, es que las cámaras no funcionan o están en mantenimiento.

Esto ocurre por ejemplo en comunas distritales y la provincial de Arequipa, las que dejan de tener un importante apoyo para atrapar a las personas que cometen diversos delitos, teniendo como pruebas fehacientes los videos de las cámaras.

Estos ha sido corroborado durante un operativo para supervisar el funcionamiento y mantenimiento de las cámaras de videovigilancia instaladas por las municipalidades a nivel nacional, la Contraloría General de la República identificó que de un total de 6 mil 468 cámaras verificadas, el 29% (1907) se encontraban inoperativas, lo que podría afectar el monitoreo permanente que deben realizar los gobiernos locales para brindar el servicio de seguridad ciudadana a la población.

La entidad fiscalizadora desarrolló del 17 de setiembre al 25 de noviembre de 2021, con el apoyo de los Monitores Ciudadanos, 161 servicios de control en igual número de municipalidades. En Arequipa se intervino a las municipalidades distritales de Yanahuara, Miraflores, Tiabaya, Mariano Melgar, Sabandía, Jacobo Hunter y Yura, así la comuna provincial de Camaná.

En las visitas de control también se evidenció que el 85% (137) de los gobiernos locales supervisados, tenían al menos una cámara inoperativa.

La situación descrita estaría vulnerando el Reglamento de la Ley N° 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, que establece que los gobiernos locales y regionales están obligados a implementar y garantizar el funcionamiento del sistema de videovigilancia, radiocomunicación y telecomunicaciones para la seguridad ciudadana en vías y espacios públicos de sus respectivas jurisdicciones.

Otro hecho advertido por las comisiones de control fue que las grabaciones de las videocámaras no se almacenan por el plazo mínimo de 45 días, como lo establece la ley. De esta manera, se verificó que de 148 municipios con cámaras en funcionamiento (4561 cámaras), 115 gobiernos locales (3336 cámaras) no cumplían con el plazo mencionado, es decir, el 78%, lo que podría afectar el acceso a las grabaciones por parte de la ciudadanía y las entidades competentes.

Con el incumplimiento del plazo de almacenamiento de las grabaciones, los gobiernos locales vulneran el Reglamento del Decreto Legislativo N°1218, el cual regula el uso de las cámaras de videovigilancia, y la Ley 20120 de apoyo a la seguridad ciudadana.