— Redacción Diario El Pueblo —

“Nuestro análisis es que (en este 2022) por ser un año electoral, podrían activarse los conflictos que se tienen identificados y pudieran generarse nuevos”, afirmó el representante de la Defensoría del Pueblo en Arequipa, Ángel María Manrique, quien señaló que durante el año 2021 se tuvieron por lo menos 3 conflictos activos en Arequipa.

En Arequipa existen 3 conflictos activos

A puertas de llevarse a cabo los comicios regionales y municipales 2022, se pone sobre la marcha la responsabilidad de las autoridades para evitar que diversos sectores de la sociedad creen situaciones que terminen en violencia. Según Manrique, estas deben cumplir por lo menos con el principio de neutralidad y supervisión.

“Desde la municipalidad provincial, que resguarda el centro histórico evitando la propaganda, hasta los mismos candidatos y agrupaciones que tienen que evitar cualquier tipo de enfrentamiento entre ciudadanos, es un año complejo y va a ser difícil”, señaló.

Ante ello, Manrique explicó que en la región Arequipa, existen 3 conflictos que no tienen cuando acabar. El primero se desató provincia de Islay hace más de 12 años; el proyecto minero Tía María implicó diversas posturas que contrastan intereses económicos, sociales y ambientales. El segundo, es el proyecto agrícola Majes Siguas II (Caylloma), allí se mantiene un escenario de conflictivo de paralizaciones y marchas. Mientras que el tercero va referido a los enfrentamientos de grupos mineros en la provincia de Caravelí; las grescas en la zona, responden a los intereses de distintos bandos que buscan posicionarse en yacimientos minerales.

“Hay saldos desde vidas lamentablemente, en los últimos 10 años se han perdido vidas por temas de conflictos sociales, muchas familias se han visto perjudicadas en su economía o han tenido que trasladarse fuera de su lugar de origen, ha habido la afectación de la economía, desde el negocio de una zona donde al paralizarse un proyecto ha dejado de vender el quiosco de la esquina hasta también las inversiones de las empresas privadas”, lamentó.

Por a ello, exhortó a las autoridades para que cumplan con un rol de prevención y supervisión frente a los conflictos activos y latentes puesto que, lo que se debe evitar escenario de vulneración de derechos. “Nosotros estaremos en máxima alerta”, finalizó.

Durante el 2021 se contabilizaron alrededor de 180 conflictos a nivel nacional, de estos, el 68% estuvieron logados a temas extractivos.