— Redacción Diario El Pueblo —

A pesar de los argumentos que han surgido en contra de la firma de la adenda 13 o de la propia concesionaria, la mayor parte de los arequipeños están de acuerdo con que el proyecto Majes Siguas II tiene que ejecutarse, según una encuesta realizada por IPSOS Perú, cuya información fue entregada a El Pueblo.

Consejo Regional sería responsable de su cancelación

En una de las preguntas que se hizo a los encuestados, respecto a los beneficios que su ejecución traería para Arequipa y el país, priorizaron la generación de más de 100 mil puestos de trabajo en la opinión de más del 90% de la población ubicada en zonas rurales, mientras que el 84% de quienes viven en zonas urbanas eligió esta opción.

Para Alfredo Torres Guzmán, presidente de la encuestadora Ipsos, los dos años en que los peruanos han sido afectados por la pandemia, donde miles han perdido sus empleos, hacen que ante cualquier otro hecho, se priorice la generación de puestos de trabajo, no necesariamente como parte de las obras que se puedan ejecutar en el proyecto, en la construcción o en la parte agrícola; sino en aquellos empleos indirectos, que les dará la posibilidad, en muchos casos; de generar pequeñas empresas prestadoras de servicios, de comercio y otras.

“La prioridad de la población en estos momentos es encontrar una fuente de empleo, la forma de conseguir ingresos para alimentar a su familia, para educar a sus hijos y un proyecto de tal envergadura como lo es la segunda etapa de Majes Siguas, uno de los proyectos más importantes del país en estos momentos, es una oportunidad inigualable”, añadió el especialista.

Treinta y cinco de los encuestados colocaron en segundo lugar el tema de la agroexportación, 33 de ellos dijeron que se tratará de un potencial agrícola; 25 dice que contribuirá a mejorar las condiciones de vida de los residentes; 24 respondieron que se estimulará el movimiento comercial de la zona, luego está la opción de la mejora de las condiciones tecnológicas de las labores en relación a las tierras; que se impulsará el crecimiento del Producto Bruto Interno; que se crearán espacios de apoyo a las comunidades locales en proyectos sociales y un número menor asegura que se incrementará el valor de las tierras impactadas por el proyecto.

En esta encuesta que asegura Torres, ha sido muy rigurosa, también se midió el nivel de conocimiento que tienen sobre lo que señala la adenda 13, planteando que en lugar de llevar el agua por canales, como se hace en la primera etapa del proyecto, se haga mediante tuberías, de tal manera que haya un menor desperdicio del líquido, ya sea por filtraciones, uso ilegal o por evaporación.

El 55% de los consultados dijo haber escuchado de la propuesta, aunque solo el 21% conoce muy bien del tema. Los primeros han indicado en un 75% que la propuesta es favorable, mientras que de quienes conocen el tema, el 80% se mostró a favor, un 2% dijo estar en contra.

El cambio tecnológico es el principal punto que se ha incluido como parte de la adenda 13, que de aprobarse, el costo del proyecto se incrementa en 104 millones de dólares más, que aportará la empresa Cobra, pero que luego recuperará con la venta de las parcelas. También se han incluido algunas obras adicionales, como la construcción de vasos reguladores al inicio de cada parcela, de tal manera que los agricultores ya no tengan que hacer una inversión posterior para llevar el agua hasta sus propiedades.

Para obtener una respuesta, positiva o negativa a la pregunta, si considera o no que el Consejo Regional, apruebe o no la firma de la adenda 13; los encuestadores les han tenido que dar una explicación sobre el proyecto, sus ventajas en el caso de la generación de empleo, ampliación de la frontera agrícola; que la inversión que se realice se recuperará con la venta de tierras, además que ya tiene la aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas desde julio del año pasado, solo falta que la entidad regional apruebe o desapruebe dicha firma.

El 75% de los consultados en la zona urbana, considera que el Consejo Regional debería aprobar el nuevo contrato. En el ámbito rural la aprobación subió a un 84%. Pero también se les dio la posibilidad de opinar en caso que el Consejo no diera el visto bueno. El 81% indicó que debería intervenir el Ministerio de Economía y Finanzas para asumir la responsabilidad, por lo tanto, ratificaron que el proyecto de todas maneras tiene que ejecutarse.

Un 14% de los encuestados dijo que el proyecto debiera anularse y el MEF tendría que prepararse para asumir las consecuencias de un arbitraje internacional al que seguramente apelará la concesionaria del proyecto, como ya lo ha dado a conocer.

“Que el proyecto sea administrado por el Ministerio de Agricultura y que el MEF asuma la responsabilidad de un incremento de los costos, sería una posibilidad, pero para ello se tendrían que poner de acuerdo con la concesionaria, lo que demandaría más tiempo; pero lo más rápido y adecuado en estos momentos sería que el Consejo Regional decida la aprobación de la adenda; de lo contrario el proyecto se postergaría por muchos años y con ello una gran oportunidad de desarrollo para Arequipa y para el país”, comentó Torres.

De darse esta opción, el GRA ya no tendría la administración del mismo, sino el Ministerio de Agricultura.

Pero luego en la lista de preguntas, también se le consultó a los ciudadanos, quién cree que sería el responsable directo si es que el proyecto se cancela. En este caso, dos tercios de los arequipeños creen que los culpables serían los integrantes del Consejo Regional los principales responsables. Un 12% culpa a la empresa concesionaria.

ENCUESTA RURAL Y URBANA

Fueron 401 personas las encuestadas por Ipsos, cuyo trabajo se realizó del 2 al 4 de febrero, entre ciudadanos de 18 a más años de edad, hombres y mujeres. 74% de los consultados dijo conocer el proyecto Majes Siguas II; pero un 33% señaló haber seguido de cerca el proyecto y conocía muy bien del tema.

La encuesta se realizó en zonas urbanas de los distritos de Acarí en Caravelí, Aplao en Castilla, Camaná, Characato, Chivay, Mollendo y Yura; mientras que en el área rural se encuestó a personas que viven en Cotahuasi, Yanaquihua y Yauca.

El estudio fue contratado por la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), en donde se agrupan empresarios y especialistas que buscan promover proyectos de gran envergadura a nivel nacional y que están en la cartera del Ministerio de Economía y Finanzas.