— Redacción Diario El Pueblo —

El Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, negó que sea un “actor político” y manifestó que el rol de la Defensoría es ser “garante de derechos”. En conversación con RPP Noticias, afirmó que cumplirá con su competencia en la Defensoría hasta el último día que esté en el cargo que será en marzo próximo.

“No soy un actor político. Basta revisar las sentencias del Tribunal Constitucional para recordar que la Defensoría del Pueblo además de ser garante de derechos es supervisor de la buena marcha de la administración. […] No estoy haciendo política, no me interesa la política, no tengo agenda política, pero voy a cumplir mi competencia de la Defensoría hasta el último día que esté en el cargo. Con mucha anticipación, anuncié que yo iba a estar solo hasta el mes de marzo, voy a cumplir con eso. No pretendo quedarme en el cargo”, dijo Gutiérrez, cuando fue consultado por los cuestionamientos a su rol de parte de las bancadas de Perú Libre y Perú Democrático.

Gutiérrez afirmó que la Defensoría no va a dejar de ser “incómoda” tras su salida de la institución. “Es una institución robusta, madura, con un equipo que tiene no menos de 15 años en el cargo”, dijo.

El último sábado, Gutiérrez envió un oficio al presidente Pedro Castillo en el que le solicita que recomponga el Gabinete Ministerial liderado por Aníbal Torres. En este pronunciamiento, le recordó al jefe de Estado que «la facultad presidencial para designar ministros no constituye una competencia discrecional ilimitada, sino que debe respetar, principalmente los principios de correcta administración pública y de garantía de los derechos humanos».

Para Gutiérrez, el presidente revela su “profundo desapego al derecho a la salud” al haber designado a Hernán Condori en la cartera de salud. “Es una afrenta a las víctimas de la pandemia y el desafío de gestionar una cartera tan importante”, manifestó.

“Son razones constitucionales por las cuales tiene que recomponerse el gabinete, es evidente que se está destruyendo la administración pública”, opinó.

“Para que el Estado constitucional se destruya no es suficiente que haya un gobierno transgresor, para que se concrete la destrucción hace falta complicidad e inmovilismo de la ciudadanía e instituciones”, sostuvo.