Por: César Gutiérrez – El Montonero

Circula acelerada y silentemente en comisiones del Congreso de la República un Proyecto de Ley (PL-00804/ 2021-CR) para modificar la Ley Orgánica de Hidrocarburos (Ley 26221), cuyo objetivo es ampliar ad infinitum la vigencia de los contratos de explotación, siendo los beneficiarios los que están en posesión de lotes en producción. Una intentona de tener una ley con nombres propios.

Desde julio del 2017, durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, existe la intención de hacer cambios en la citada ley. Ese intento tenía unas medidas positivas, otras discutibles y unas cuantas censurables. Se proponía como una reforma legislativa que daba incentivos para la inversión en exploración; y que respaldaba a la agencia promotora de exploración y explotación de hidrocarburos, Perupetro, para la modificación de las regalías. Y el punto que personalmente considero impropio era la pretensión de extender la vigencia de los contratos que estaban por vencerse.

El intento legislativo perduró durante la gestión de Martín Vizcarra, en la que se había agregado una pretensión: nivelar los salarios de los funcionarios de Perupetro a la de sus homólogos del sector privado. El proyecto no prosperó más que por acción de la oposición de mayoría fujimorista de ese entonces, por decisión del Ejecutivo. Desde la cartera de Economía y Finanzas veían que se iban a generar dos problemas: una distorsión de remuneraciones en el aparato público y una disminución drástica de las regalías, que iba a originar dificultades en el financiamiento de los presupuestos de los gobiernos regionales y locales.

Ahora el PL presentado es mucho más audaz. Se ha obviado cualquier intento de reactivar la inversión en exploración, que era el leitmotiv original, para pasar directamente al beneficio de las empresas que operan actualmente en el medio, mediante la modificación de dos artículos de la ley y el añadido de dos disposiciones complementarias finales.

Una modificación es la del artículo 22, que establece que la vigencia de los contratos de explotación de petróleo tiene un plazo de 30 años; y los de gas natural y líquidos, de 40 años. Ahora se está proponiendo unificar ambos a 40 años. Ese punto no es el problema de fondo, sino la ampliación por 20 años sucesivos, hasta el límite económico del área del contrato.

Redondean su tarea los promotores del continuismo a perpetuidad, con dos disposiciones complementarias finales, que señalan que esta ley sería aplicable a los contratos vigentes, con la condición de que propongan una participación del 25% de Petroperú, la que debe decidir en 60 días. Es la zanahoria por delante del garrote.

Hay ocho contratos de explotación que culminarán entre el 2023 y el 2024, cuyos titulares se beneficiarán. Los tres más importantes, por los volúmenes de producción que tienen, son: 1) el lote X, a cargo de la estatal china CNPC, con una producción de 14.5 miles de barriles diarios (MBD); 2) el lote Z-2B en el zócalo continental a cargo de la empresa Savia, cuyo titular es un fondo de inversión, que produce 5.6 MBD, y 3) los lotes VII/VI, gestionado por la china Sapet, con una producción de 4.4 MBD.

Un tema adicional es la modificación del artículo 8 de la ley, que establece que la propiedad del hidrocarburo extraído pertenece al contratista desde la firma del contrato con Perupetro. Ahora se plantea que se tenga cuando se paga la regalía. Esto desfavorece a potenciales nuevos operadores, pues el financiamiento será más dificultoso porque la propiedad de lo extraído es una Espada de Damocles mensual durante los 40 años que dura el contrato, mientras que para los que están ya operando tienen una dinámica establecida.

Por donde se mire, en este proyecto de ley el interés del Estado no está presente.