Por: Roy F. Cárdenas Velarde

La semana pasada conocimos la tragedia acontecida en el pueblo de Retamas, distrito de Parcoy, provincia de Pataz, departamento de La Libertad. Un alud dejó bajo tierra 15 viviendas, teniendo en las primeras horas un aproximado de 8 rescatados y 15 desaparecidos, cifras que hubieran sido mucho mayores si el alud llegaba al mercado municipal.

Sin duda, este fue un trágico evento que llamó la atención de toda la ciudadanía, pero que se pudo haber evitado, ya que en el 2009 ocurrió una tragedia similar. Sumado a ello, se tenía que el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) consideraba esta zona de alto riesgo, lo que se acrecentó con las lluvias ocurridas días atrás. Todo eso hacía presagiar lo ocurrido.

Si bien lo sucedido se pudo evitar con la evacuación de las personas hace seis meses, cuando el Indeci alertó sobre los posibles deslizamientos, ello no hubiera sido la cura para la enfermedad, sino solo un cuidado paliativo.

En la teoría, primero se debe dar la habilitación urbana y luego el asentamiento de familias, pero en el país sucede al revés: primero llegan las familias y luego el Estado es el que tiene que dotar a las viviendas de los servicios básicos, produciéndose un desorden, sin mencionar la informalidad y el tráfico de terrenos que se pueden suscitar.

Pero, y sonará muy frío lo que diré, no es una cruda realidad, no hay que salir de Lima para conocer casos como los del pueblo de Retamas. De vez en cuando se ve en medios de comunicación sobre la trágica muerte de personas que, encontrándose en sus casas, lugar donde más seguros deberían estar, mueren debido a que otra vivienda les cayó encima.

¿A qué debemos apuntar? A que en el país exista aquello que la Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones denominada ‘zona urbana consolidada’. La que está constituida por predios que cuentan con servicios públicos domiciliarios instalados, pistas, veredas e infraestructura vial, redes de agua, desagüe o alcantarillado y servicios de alumbrado público.

Como mencioné alguna vez, toda ciudad es igual que un local, que tiene un aforo permitido. Es muy probable que más de una ciudad en el país esté por encima de ese aforo, lo que convierte a este tema en una tarea nada fácil. Más aún en un país donde la informalidad reina.

Se requiere de un trabajo articulado entre el Ministerio del Ambiente (Minam), en lo relacionado con el ordenamiento territorial, y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) en lo relacionado con la planificación urbana. Pero, sobre todo, se requiere de nosotros. Evitemos construir en zonas que no están acondicionadas o que constituyan zonas de alto riesgo.