— Redacción Diario El Pueblo —

Gracias a Ley Servir, entre 2016 y 2019 se han gastado S/ 23 millones en procesos a funcionarios y exfuncionarios.

Desde que estallaron los casos Lava Jato y Club de la Construcción, nuestros impuestos han financiado con más de 23 millones de soles la defensa legal de los principales implicados, desde el expresidente Ollanta Humala, hasta técnicos que habrían favorecido a grandes empresas, a cambio de sobornos.

Así lo reveló ‘Hildebrandt en sus trece’, tomando como base una investigación de Evelyn Julca, Graciela Peregrino y Zaida Suárez, profesionales de la Universidad del Pacífico. Solo al implicado en lavado de activos y el Gasoducto del Sur, se le han desembolsado S/248,400.

“TÉCNICOS” DE PROINVERSIÓN

Esto fue autorizado el 12 de julio de 2021, en los últimos días del gobierno de Francisco Sagasti. La base legal fue la Ley Servir, promulgada en el 2015 por el mismo Humala Tasso. A esta norma se han venido acogiendo Pedro Pablo Kuczynski, la exministra Fiorella Molinelli y la exsecretaria de Palacio de Gobierno Mirian Morales, entre otros.

De estos S/ 23 millones destinados en defensa legal, solamente 6’128,048 soles corresponden a ciudadanos que laboraron o laboran en Proinversión. Esta dependencia del Ministerio de Economía es la que elaboraba expedientes técnicos para que los delincuentes, dueños de empresas como Odebrecht, Graña y Montero y OAS, consiguieran contratos por miles de millones de dólares.