— Redacción Diario El Pueblo —

El ministro de Justica, Félix Chero, anunció que su sector presentará esta semana al Legislativo un proyecto de ley que propone penalizar, con hasta 3 años de pena suspendida, a jueces, fiscales, policías y abogados que revelen información de procesos judiciales en curso.

«Nosotros hemos identificado dos situaciones que tienen que ser reguladas por norma. Por ejemplo, tenemos el tema de que el Código Procesal Penal establece que la investigación fiscal o judicial es reservada, es decir solo pueden tener acceso las partes sometidas al proceso […] Si el fiscal, el juez, la Policía Nacional, teniendo una información que es reservada, dolosamente, la filtra a terceros, eso sería un delito y lo va a ser», explicó Chero.

En ese sentido, el titular de Justicia resaltó que la sanción será cuando se busque «obstruir» o «desnaturalizar» el desarrollo de una investigación.

«El sistema de justicia tiene que ver que sus funcionarios reserven la investigación a efectos de que ésta no se desnaturalice […] Cuando se hace con fines de obstruir, obstaculizar o desnaturalizar el desarrollo de la investigación, creo que resulta pertinente que se tengan que establecer no solo mecanismos de control de fiscalización, sino también punitivos cuando esta información llega a manos de terceros con esa finalidad», señaló.

Según el ministro Chero, con esta propuesta se busca «proteger derechos fundamentales» referidos a la presunción de inocencia.

«Es para proteger la presunción de inocencia como derecho fundamental de cualquier investigado. No olvidemos que constantemente hay una fuerte proclama de que se protejan los derechos de los investigados que son puestos en el ojo público como delincuentes, no como presuntos porque no se utiliza ese término», indicó.

Libertad de prensa

Según el ministro Chero, este proyecto no implica penalizar a las fuentes de información de periodistas o medios de comunicación porque «ellos tienen sus propias fuentes»

«No estamos hablando de los medios de comunicación. Ahí sí quiero delimitar: ellos tienen sus propias fuentes, sus propios medios, libertad de expresión, respecto absoluto», subrayó.

En ese sentido, recalcó que, «en lo absoluto», se va a obligar a los periodistas a revelar sus fuentes.

«Hay otros mecanismos de investigación. Es imposible, en un estado de derecho donde se respeta la libertad de expresión y la libertad de prensa, que a un periodista se le obligue a revelar sus fuentes. Esto es inviable», señaló.

Asimismo, señaló que el tercero al cual se le revela información judicial o fiscal «no necesariamente es un periodista».

«No necesariamente el que recibe la información es un periodista. La puede recibir cualquier otra persona que está interesada, justamente, en tener esa información para presionar testigos, para presionar a las partes», explicó.

SANCIÓN

El ministro de Justicia explicó que tanto un juez o un fiscal pueden ser pasibles de investigación en caso incurran en la falta que propone su proyecto de ley.

«Nosotros tenemos en el Poder Judicial y el Ministerio Público órganos de control, y también tenemos procesos de investigación fiscal y procesos de investigación judicial. De identificarse que se ha procedido de esta forma que cala en el tipo penal que se propone, sin lugar a dudas la responsabilidad administrativa es independiente y la responsabilidad penal es independiente», sostuvo.

Sin embargo, la sanción también alcanzará a policías y abogados que brinden la referida información sobre un proceso en curso.

«En caso de que un juez, un fiscal o un policía ponga a disposición de terceros información privilegiada o reservada que perjudique, desnaturalice o altere la investigación, sin lugar a dudas puede ser pasible de una sanción penal. Hemos considerado jueces, fiscales, policías y abogados porque los abogados son los que tienen la información y tampoco la pueden revelar cuidando esta relación cliente-abogado», señaló.