Por: Dany La Torre

Las deficiencias en la elaboración y aprobación del expediente técnico del proyecto de mejoramiento de los servicios de salud del hospital de Chala, distrito de Chala, provincia de Caravelí ha generado un perjuicio económico de S/. 3 111 473 al Gobierno Regional de Arequipa (GRA).

Según dio a conocer la Contraloría General de la República, estos actos previos a la ejecución física del proyecto, fueron deficiencias ocasionadas por la contratista y ocurrieron durante el período del 12 de junio de 2015 al 31 de diciembre de 2018, identificándose la presunta responsabilidad penal en 2 exfuncionarios de la anterior gestión regional (2015-2018).

Mediante el informe de Auditoría de Cumplimiento N° 006-2022-2-5334-AC, se revela que el GRA aprobó el expediente técnico elaborado sin la supervisión correspondiente, inobservando el perfil viable, la normativa del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), las normas técnicas de salud y las bases del proceso de selección. Estos hechos, generaron la modificación de la meta del proyecto, la afectación al funcionamiento de la administración pública y el perjuicio a la institución.

En ese sentido, el contratista presentó al GRA, como parte del expediente técnico, un anteproyecto arquitectónico sin los parámetros contenidos en el estudio de pre-inversión. Esta situación no fue advertida por el inspector de obra, quien emitió su conformidad a pesar que la infraestructura propuesta tenía diferencias en área y distribución de ambientes. Asimismo, se advierte la existencia de una diferencia en el componente equipamiento considerado en el perfil y la omisión en el expediente de los equipos fundamentales para la operatividad del hospital.

Cabe señalar que, el 30 de diciembre de 2015, se suscribió el contrato del proyecto con un monto contractual de S/. 42 643 371 y un plazo de ejecución de 480 días calendario, de los cuales 90 correspondían a la elaboración del expediente técnico y 390 para la construcción física y equipamiento, plazo que se inició el 12 de enero de 2016. La última valorización presentada por la contratista reporta un avance de ejecución de obra para los componentes infraestructura y equipamiento ascendentes a 92.44% y 95.67%, respectivamente.

En su informe el máximo ente de control notificó estas observaciones al gobierno regional, donde se pide que la Gerencia General Regional cautele todas las vinculaciones de funcionarios y servidores a la entidad, independientemente de su régimen contractual. Igualmente, recomienda a la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción, que de inicio a las acciones legales penales contra los funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad.