Por: Roxana Ortiz A.

No solo son los usuarios de la Corte Superior de Justicia de Arequipa los que tienen dificultades con sus expedientes, sino también sus patrocinadores, en este caso los abogados quienes también buscan que una serie de procesos se aceleren en este organismo.

Este miércoles 7 de septiembre, en el auditorio José Luis Bustamante se desarrollará la Audiencia Pública donde todos los abogados podrán exponer los problemas que afrontan en la prestación de servicios en la Corte Superior de Justicia, para luego trasladarla al presidente de dicho organismo y que responda oportunamente al Colegio de Abogados.

Así lo informó el Decano del Colegio de Abogados de Arequipa, Alfredo Álvarez Díaz, quien refirió que por mandato estatutario está facultado para convocar a audiencia pública para abordar temas institucionales importantes y de actualidad, como la problemática que a diario tienen los letrados que concurren a juzgados y salas judiciales, cuyas conclusiones serán trasladadas a las autoridades de la Corte Superior de Justicia para mejorar los servicios que presta esta institución.

Señaló que muchas veces, los ciudadanos litigantes culpan de la demora en cada uno de los casos a los abogados, lo que les genera inconvenientes; hecho que se busca agilizar y para ello se reunirán y presentarán otros problemas que también tienen en su labor diaria.

Por otro lado, el Decano y la Junta Directiva del Colegio de Abogados, se dirigió a la Junta Nacional de Justicia y al país en general, con el objetivo de expresar su preocupación respecto al reglamento de evaluación de jueces y fiscales que contiene criterios y parámetros para regular el proceso de selección y evaluación; con elementos subjetivos afectando los derechos fundamentales protegidos constitucionalmente inclusive los principios rectores de la propia Junta.

Indican que se debe observar como mérito la igualdad, no discriminación, probidad, independencia y motivación, por eso lamentan que no se esté cumpliendo con responsabilidad lo que se les ha encomendado en el actual procedimiento de evaluación de los jueces, que no permite superar la crisis del sistema de Justicia. A ellos se suma que tampoco se ha eliminado la provisionalidad y no ha revisado los actos administrativos cuestionados de los que fue el Consejo Nacional de la Magistratura, generando con ello la impunidad.