Por: Roxana Ortiz A.

Un grupo de funcionarios y trabajadores del Instituto Superior Honorio Delgado de Arequipa, habría cobrado irregularmente más de 247 mil soles, supuestamente por ejecutar los procesos de admisión entre los años 2019-2021, según un informe de la Contraloría.

Estos servidores, de acuerdo al informe de control específico 014-2022, al ejecutar procesos de admisión cobraron montos con recursos directamente recaudados, lo que contraviene la legislación vigente, por lo que causaron un perjuicio económico al Estado por 247 mil 634 soles.

Así lo señala en sus conclusiones el informe denominado, “Pagos otorgados al personal que participó en la ejecución de los procesos de admisión del Instituto Superior Honorio Delgado durante los años 2019, 2020 y 2021”. El documento indica que los funcionarios de dicha entidad, elaboraron y aprobaron disposiciones internas que permitieron el pago de montos de dinero en favor del personal con vínculo laboral.

Este incremento de ingresos está prohibido por normas presupuestales y la Ley 30152 que dispone que los recursos directamente recaudados, no deben ser directamente ni indirectamente dirigidos para el pago de remuneraciones.

El informe precisa que la determinación y aprobación de pagos al personal docente con vínculo laboral por participar en los procesos de admisión, careció de fundamentación técnica y legal lo que contraviene la Ley 27444, la Ley 27815, la Ley 30693 de Presupuesto de la República del año 2018, y otras normas legales, por lo que los funcionarios y servidores incumplieron sus funciones ocasionando que se afecte el correcto funcionamiento de la administración pública y se cause un perjuicio al Instituto.

Entre las recomendaciones del informe de Contraloría, el director del Instituto debe realizar las acciones, con el fin que el órgano competente efectúe el deslinde de responsabilidades que correspondan a funcionarios y servidores públicos del Instituto Honorio Delgado, pero también que el Procurador de Contraloría inicie las acciones civiles contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos irregulares del informe de control con la finalidad de determinar las responsabilidades que correspondan.