Por: Carlos Hakansson – El Montonero

La Constitución peruana reconoce al presidente de la República la competencia para posicionarlo en la cabeza del sistema de defensa nacional (inciso 14, artículo 118 CP), despejando cualquier duda respecto a quién debe ejercer su liderazgo: el titular del Poder Ejecutivo elegido democráticamente que es jefe de Estado y gobierno. Sin embargo, el reconocimiento castrense a la posición jerárquica del presidente no está por encima de su lealtad a la Constitución. Una convicción que tardó en asimilarse a nuestra accidentada historia republicana.

La reciente e ininterrumpida alternancia democrática, con cinco mandatos presidenciales consecutivos, ha contribuido a ir cambiando aquella percepción de las Fuerzas Armadas como el partido político más longevo del país (Jorge Basadre Grohmann, dixit). Queda atrás la expectativa ciudadana y periodística, a fines del siglo pasado, sobre una posible respuesta militar ante las crisis políticas entre parlamento y gobierno, a pesar de no ser deliberantes.

La titularidad del Ministerio de Defensa en un civil también es un signo de cambio. Pero a la par de ello, la larga persecución ideológica a los militares y policías, judicializando operativos de defensa nacional contra el terrorismo, todavía no tiene final. Se trata de casos que llevan décadas en los tribunales y no terminan, que se reabren incluso valiéndose de insólitas y ulteriores interpretaciones en votos singulares de exmagistrados constitucionales. Una coyuntura que evidencia un retroceso jurídico en sectores influyentes de la sociedad civil, en franca contradicción con la institucionalidad militar en un Estado Constitucional de Derecho.

En la actualidad, las fuerzas militares y policiales muestran, en ceremonias oficiales, un gran respeto a la institución presidencial, ocupada por un jefe de Estado con seis investigaciones fiscales en curso y lazos con facciones que denotan el sistema con la frase «pelotudeces democráticas». Las autoridades militares mantienen un correcto y sostenido silencio durante las ceremonias oficiales, que evidencian la contradicción con un jefe de Estado y gabinete compuesto por ciudadanos que se prestan “a casi cualquier cosa” por conservar un fajín ministerial, a espaldas del Estado de Derecho. Todo motivado por una cuota de poder que resultará efímera, ya que no tardarán en responder a la justicia y la historia.