Por: Claudia Dávila Moscoso – Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

En el Perú, la violencia contra las niñas, niños y adolescentes es un problema de salud pública que atraviesa la escuela, la comunidad y el hogar, espacios en los que las niñas, niños y adolescentes se desarrollan.

Entre el 2019 y agosto del 2022, los Centros Emergencia Mujer atendieron 50,428 casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años de edad. El 92.3% de estos casos corresponden a mujeres y el 7.7% a hombres.

Asimismo, la Encuesta Nacional de Relaciones Sociales (Enares 2019) nos dice que el 31% de adolescentes ha sufrido violencia sexual alguna vez; de estos, el 57.9% son mujeres, y el 42.1%, varones.

La violencia sexual hacia la niñez es definida por el Comité de los Derechos Humanos del Niño de las Naciones Unidas, como “[…] toda actividad sexual impuesta por un adulto a un niño contra la que este tiene derecho a la protección del derecho penal. También se consideran abuso las actividades sexuales impuestas por un niño a otro si el primero es considerablemente mayor que la víctima o utiliza la fuerza, amenazas u otros medios de presión”. Esta conducta se da en una situación de asimetría de poder y de aprovechamiento de la condición de vulnerabilidad del menor.

Por esto, la violencia sexual es considerada una violación de los derechos fundamentales de la niñez. Sin embargo, en nuestra sociedad, este delito se ha normalizado e incluso se utilizan expresiones inapropiadas en el lenguaje cotidiano que no hacen más que mostrarnos la falta de conciencia que se tiene de las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos, y es precisamente este uno de los factores que pueden generar una alta incidencia de ese tipo de delito.

Esta realidad nos interpela como país y como sociedad porque afecta el futuro de la niñez. La violencia sexual tiene una serie de consecuencias para su vida, ya que afecta su indemnidad sexual, su integridad y autonomía. Los costos sociales de la violencia son altos para la niñez y adolescencia y, sobre todo, para el país. Una niña, niño o adolescente que ha sido víctima de violencia sexual está marcado en su desarrollo social y emocional.

Asimismo, un país que tolera la violencia es un país que se afecta económicamente por el costo que significa reparar los daños a las víctimas.

Lograr que las niñas, niños y adolescentes puedan ejercer su derecho a vivir libres de violencia es un reto que tenemos como Estado en relación con la vida y desarrollo de nuestra niñez. Si bien tenemos importantes políticas que expresan el compromiso del Estado, como es la Política Multisectorial para las Niñas, Niños y Adolescentes al 2030, que articula el accionar del Estado en sus tres niveles de gobierno, o la Visión del Perú al 2050, que propone lograr el desarrollo de una cultura de prevención y mecanismos eficientes para reducir todos los tipos de violencia con énfasis en las niñas, niños y adolescentes mujeres, es necesario coadyuvar a enfrentar la violencia y el maltrato para garantizar el libre desarrollo de derechos en todos los espacios en los que las niñas, niños y adolescentes se desarrollen, tanto públicos como en el hogar (la violencia ocurre muchas veces dentro de este; el lugar que debería ser el más seguro, no lo es. La pandemia generada por la covid-19 ha dejado al descubierto esta realidad).

Desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables apostamos por la prevención primaria, que se centra en erradicar los factores que están en la base de la violencia, con enfoque en la sociedad, ya que es un problema multicausal y multidimensional que involucra a todos, a los diferentes niveles de gobierno y a la sociedad en su conjunto: sociedad civil, empresariado, ciudadanos, y ciudadanas, pues prevenirla supone atacar las causas del problema y todos los factores que la hacen posible en todos los ámbitos en los que ocurre.

Al mismo tiempo, como Estado, debemos garantizar el acceso a la justicia y brindar la protección integral considerando factores de vulnerabilidad, con medidas que refuercen, sobre todo, la prevención de la violencia contra nuestras niñas, niños y adolescentes, ya que una vez que los menores ingresan a nuestros servicios significa que el daño fue consumado y, por ende, sus derechos fueron vulnerados.

Corresponde, entonces, atenderlos con la debida diligencia de manera integral e interdisciplinariamente. Para ello contamos con el Sistema Especializado de Justicia integrado por el Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el Ministerio del Interior, a través de la Policía Nacional, con el cual podemos responder a este problema.

Es necesario generar competencias en las familias, las comunidades y empoderar a las niñas, niños y adolescentes, para que juntas y juntos construyamos un país donde puedan crecer sin violencia y ejercer plenamente sus derechos.