Por César Gutiérrez

En los 70 días que tiene Dina Boluarte en la Presidencia de la República, todas las miradas de la clase política parlamentaria y extraparlamentaria, están puestas en su permanencia en el cargo, ya sea transitoria o extendida hasta julio del 2026, o su relevo en plazo perentorio. La labor legislativa y normativa promovida por el Ejecutivo o el Congreso sigue su curso, sin que merezcan la mínima atención.

Es importante hacer un recuento de lo que vienen haciendo y proponiendo desde el aparato gubernamental, para que aquellos interesados en la meritocracia del aparato público, la eficiencia del uso de recursos fiscales, el resguardo de los costos del ciudadano y la promoción de la inversión privada; puedan levantar la voz ante los despropósitos que se están implementando.

Me referiré al sector energía donde la agenda es bastante amplia, y las decisiones más trascendentes, sobre las que luego de tomadas es muy difícil dar marcha atrás.

Empiezo por la pretensión de modificar el reglamento de selección de presidentes y miembros del consejo directivo de los organismos reguladores –Osinergmin, Osiptel, Ositran y Sunass– que el próximo 29 de marzo ya se contará con un informe elaborado por una comisión de legos en la materia, nombrados mediante resolución ministerial (RM-009-2023-PCM). Es evidente que se busca relevar del cargo a los funcionarios nombrados el año pasado Sería la primera vez en los últimos 22 años que no se respeta el mandato de 5 años para el que fueron nombrados.

Continuo con el proyecto de ley 679/2021-PE de “masificación del gas natural”. Reitero la exigencia de: 1) cifras de inversión y número de beneficiarios, cuyo financiamiento estaría a cargo de los consumidores; 2) de no aceptar la inapropiada delegación a Petroperú y la distribuidoras de electricidad estatales de la gestión de futuras redes de distribución de gas natural; y 3) de negarse a la creación de una nueva empresa pública, la Agencia de Inventario de Combustibles

Otro tema adicional es la ligereza con la que vienen gestionando el destino de Petroperú, los titulares del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y Energía y Minas (MINEM), cuyas carteras representan el 100% de las acciones de la empresa.

No hay cifra de conocimiento público sobre las necesidades financieras que tiene la petrolera estatal, para cumplir sus obligaciones con los contratistas del proyecto Refinería Talara, ni lo que necesitarán para hacerse cargo del lote 192- sin operador desde febrero del 2021-, y de los lotes V, VI, VII y Z-2B cuyos contratos con los licenciatarios actuales vencen en el último trimestre de este año.

Suma a esta lista de pendientes, la decisión que se tendrá sobre el lote 8, paralizado desde enero del 2021, por la liquidación del principal accionista y operador, Pluspetrol Norte SA. El pasado 2 de los corrientes un tribunal arbitral de la Cámara de Comercio Internacional, ha declarado que la resolución del contrato por parte del consorcio a cargo del lote es correcta, dejando desairado al estado peruano. El ingreso de una nueva empresa requerirá evaluación de las necesidades de inversión y proyecciones futuras, la que no existe.

Finalmente, por el momento, tenemos el desvergonzado decreto supremo (DS-003-2023-EM), con el cual se exonera a Petroperú de la obligación de la aprobación previa de Osinergmin de la puesta en operación de unidades de producción o auxiliares de la Refinería Talara.

Dispuestos a correrse el riesgo de cualquier eventualidad de falla y daño propio y/o terceros, de la faraónica obra, con tal que la mandataria Boluarte la de por inaugurada, tras 13 años de trajín. Se respaldan en que habrá póliza de seguros de por medio, lo que genera la suspicacia sobre la contratación de un bróker o de ampliar los alcances del contratado el año pasado en un proceso que ha merecido severos cuestionamientos y que a la Contraloría no le ha ameritado mayor preocupación.